Aunque este Coloquio está principalmente enfocado a la aplicación del Derecho Convencional por los Tribunales de Justicia, la importancia que en la vida jurídica nacional y local están adquiriendo los instrumentos internacionales ratificados por nuestro país es tal que también la procuración de justicia debe - y está tomando – en consideración lo que disponen los Tratados.

En este sentido, mi intervención aborda un aspecto muy concreto en donde se aprecia la incidencia del Derecho Convencional en la materia de procurar justicia, particularmente en el compromiso adquirido por México de respeto a las comunidades y pueblos indígenas.

1. PANORÁMICA

Uno de los aspectos más sensibles relacionados con la temática de nuestros pueblos indígenas lo es, sin lugar a dudas, el relativo al acceso a la justicia. En efecto, es innegable la importancia que tiene el diseñar y estructurar mecanismos que aseguren a los integrantes de las comunidades indígenas un eficaz y expedito acceso a la justicia.

Por mucho tiempo marginados tanto de la procuración como de la impartición de justicia, nuestros indígenas exigen de las instituciones gubernamentales actitudes y líneas de acción acordes a las exigencias del Estado social y democrático de Derecho.

Ello es imperativo, por supuesto, en un país como el nuestro en donde los indígenas representan casi el doce por ciento del total poblacional(1). En este sentido, el reconocimiento de la extraordinaria riqueza pluriétnica de México no sólo debe permanecer circunscrito al ámbito discursivo. También precisa concretarse a través de la normativa más adecuada así como de las acciones idóneas a fin de que nuestra población indígena, conservando su peculiar forma de ser, sus tradiciones y costumbres, se integre - no asimile, que es cuestión diferente y contraria al reconocimiento del pluralismo étnico del país(2) - a la dinámica de procuración e impartición de justicia nacional.

Bajo esta óptica, la reforma constitucional que reconoce de manera expresa la composición pluricultural de la Nación Mexicana, sustentada en nuestros pueblos indígenas, representa un avance en el largo camino hacia la normalización de las relaciones jurídicas entre el Estado y aquellos ciudadanos mexicanos que, por razón de su entorno cultural y conciencia colectiva, son considerados pertenecientes a pueblos o comunidades indígenas(3).

Tomando como punto de partida lo previsto en sede constitucional, es nuestro objetivo hacer una serie de reflexiones que nos permitan a los aquí presentes discurrir respecto de cuáles pudieran ser los mecanismos más acordes a las demandas de justicia que plantean nuestros indígenas.

Para ello, abordaré la experiencia que tenemos en el Estado de Michoacán en el ámbito de la procuración de justicia, no sin antes hacer referencia a la dimensión normativa, que constituye el marco en que se debe fundamentar la adopción de medidas específicas y concretas.

He de advertir, no obstante, que nuestra propuesta puede tener matices y variaciones en otras entidades federativas, pues aunque se hable en general de pueblos indígenas, la rica variedad que existe en nuestro país hace que cada una de nuestras etnias debe ser considerada de manera individualizada(4). Lo que puede resultar positivo para algunos no necesariamente debe replicarse para otros.

2. LA DIMENSIÓN NORMATIVA.

2.1. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER INTERNACIONAL.

La garantía de acceso a la justicia que tienen los pueblos(5) y comunidades indígenas se sustenta en una serie de instrumentos jurídicos cuya trascendencia no se limita a las disposiciones de derecho interno y cuya observancia es vinculante para el Estado Mexicano en su conjunto.

En efecto, no podemos - ni debemos - soslayar el conjunto de normas convencionales de naturaleza internacional suscritas y ratificadas por nuestro país y que, conforme a lo previsto en sede del artículo 133 constitucional(6), despliegan sus efectos al interior de nuestro ordenamiento jurídico.

A estos efectos, y en materia de derecho indígena, cabe destacar la importancia del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre Pueblos Indígenas y Tribales(7). Ratificado por el Senado de la República, el Convenio 169 forma parte integrante de nuestro orden normativo y es, en tal virtud, aplicable y exigible en todo el territorio nacional.

El Convenio 169 es enfático al reconocer “[...] las aspiraciones de (los) pueblos (indígenas) a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en donde viven [ ...]”(8).

De ahí que establece la obligación de los gobiernos parte del Convenio a “[ ...] asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad”(9).

Entre las líneas de acción que los Estados parte se comprometen a implementar en sus respectivas legislaciones internas, se encuentra el aseguramiento de la plena igualdad en el disfrute de los derechos fundamentales previstos en las legislaciones nacionales de los indígenas con el resto de la población(10); el respeto, en la aplicación de los mecanismos de garantía de los derechos fundamentales, de las tradiciones e identidades de las etnias (11); la obligación de los gobiernos a consultar a los pueblos indígenas antes de adoptar medidas especiales que concreten las garantías de los integrantes de las etnias(12) así como de tomar en consideración tales particularidades al aplicar la legislación nacional(13).

En materia de procuración de justicia, el Convenio subraya que “[ ...] deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros”(14).

Así mismo, resulta trascendental lo dispuesto por el Artículo 12 del propio Convenio, en el sentido de que impone a los gobiernos de los Estados parte a brindar “[ ...] protección contra la violación de sus derechos, y poder iniciar procedimientos legales, sea personalmente o bien por conducto de sus organismos representativos, para asegurar el respeto efectivo de tales derechos”. El mencionado dispositivo abunda al indicar que los integrantes de los pueblos indígenas y tribales deberán tener garantizado, por virtud de las medidas adoptadas e implementadas por las instituciones gubernamentales competentes, el “[ ...] comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles, si fuere necesario, intérpretes u otros medios eficaces”.

El Convenio 169 forma parte del fenómeno al que se ha denominado “proceso de universalización de los derechos de los pueblos indígenas”(15), al que no permanece ajeno ese otro movimiento, más amplio y general, de la “universalización” de los derechos fundamentales.

En este sentido, al Convenio 169 se añaden otras normas convencionales internacionales que reafirman, por su sentido amplio y genérico, las disposiciones del mismo. Por ello no pueden dejar de ser, por lo menos, mencionados los siguientes acuerdos internacionales que, cumpliendo los requisitos exigidos por la Ley Suprema, forman parte del entramado jurídico nacional: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos(16); la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial(17); y, la Convención Americana sobre Derechos Humanos(18). Con rango de tratado internacional, también debe considerarse al Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina(19), cuyo artículo 1°. enuncia que los pueblos indígenas existen como pueblos dentro de los Estados nacionales.

Aunque de alcance variable - pues algunos de los tratados mencionados son de carácter universal mientras que otros son más bien de tipo regional -, la trascendencia de este conjunto de normativas internacionales radica en que obligan al Estado Mexicano a adoptar todas aquellas medidas y mecanismos necesarios a fin de que los derechos en ellos consagrados se concreten. Ello es predicable, sin lugar a duda, respecto de los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas que residen en nuestro país.

Dado que los compromisos internacionales asumidos por México exigen un correspondiente desarrollo y adaptación interno, es conveniente revisar si la normativa interna recoge tales obligaciones y en qué grado se hace eco de las disposiciones internacionales.

El Estado de Michoacán es, comparativamente, uno de los más poblados de la República Mexicana(30). Aproximadamente el 4.2 por ciento de la población nacional reside en tierras michoacanas.

Para el año 2001 la estadística relativa a los pueblos y comunidades indígenas refleja un total aproximado de más de 121 mil habitantes, lo que representa un poco más del 3 por ciento de la población de la entidad. Dicha cifra coloca a Michoacán dentro del rango de los Estados que cuentan con una población indígena de más de cien mil habitantes(31).

En Michoacán se identifican claramente cuatro etnias: P’urhépechas (82.5 por ciento del total de los pueblos indígenas que residen en la entidad), quienes habitan en la región Centro-Norte del Estado; Nahuas (2.7 por ciento), localizados en el sur costero de Michoacán; Mazahuas y Otomíes (0.5 por ciento), que habitan en los municipios que colindan con el Estado de México (Hidalgo, Maravatío, Ocampo, Senguio y Zitácuaro ). Hay otros grupos minoritarios que en conjunto alcanzan el 11.5 por ciento del total de nuestra población indígena.

La distribución de la población indígena abarca 1,523 localidades de toda la geografía michoacana, variable en cuanto a densidad y tamaño(32).

Si bien numéricamente los colectivos indígenas no son tan significativos como en otras entidades federativas - tales como Chiapas, Oaxaca, Puebla o el Estado de México - ello no obsta para que se les considere un sector con muchas carencias y cuyas necesidades son acuciantes. Pueblos dinámicos y con una visión cosmogónica incomparable, las etnias que residen en Michoacán no han tenido la oportunidad de ver concretado un equilibrio regional en la igualdad de oportunidades que sus integrantes demandan.

A pesar de los programas que en anteriores administraciones se han implementado para apoyarles a superar ancestrales formas discriminatorias, los éxitos han sido pocos e inconsistentes(33). Y ello también resulta aplicable, infortunadamente, por lo que respecta a la temática del acceso a la justicia.

En tal virtud, y constituyendo un aspecto de la mayor trascendencia por lo mencionado a lo largo de los párrafos anteriores, la actual administración, a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán ha diseñado un esquema de atención especializada a las comunidades indígenas que residen en la geografía de la entidad por medio del cual se asegure un acceso efectivo a la jurisdicción local con pleno respeto a sus derechos fundamentales.

A través del Acuerdo 2/2002, que se fundamenta no sólo en las disposiciones correspondientes de la Constitución federal(34), la Constitución local(35), la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado(36), el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado(37), el Código Penal del Estado(38) y el Código de Procedimientos Penales(39) sino también el Convenio 169 de la OIT(40), la Procuraduría dispone la creación de Agencias del Ministerio Público Bilingües.

Orgánicamente, las agencias especializadas dependen de las Subprocuradurías Regionales(41).

Se determina que la ubicación geográfica de las agencias bilingües corresponda a las áreas de mayor concentración étnica(42).

Así mismo, la competencia de las mismas se extiende al “[...] conocimiento de los hechos presumiblemente delictuosos, en donde intervengan indígenas debidamente identificados con su grupo étnico o comunidad”(43).

Desde el punto de vista operativo, el Acuerdo dispone la vinculación de los agentes especializados, a efectos del cumplimiento de sus funciones y atribuciones, con las diversas instancias que coadyuvan en la procuración de justicia. Ello con el objetivo de que la atención a nuestros indígenas que lo requieran sea más eficaz y acorde a sus necesidades.

En conclusión, estamos convencidos de que esta mecánica que recién iniciamos servirá para lograr que los pueblos y las comunidades indígenas michoacanos tenga garantizado un acceso a la justicia más expedito, concretando con ello las aspiraciones del Estado de Derecho que reconociendo las diferencias y riquezas pluriétnicas de la entidad - y pudiéramos añadir, en caso de que este mecanismo se replique en otras entidades federativas - puedan cumplirse los postulados normativos nacionales así como el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por nuestro país.