Señores consejeros, señoras consejeras. Distinguidos invitados especiales:

Todo procedimiento, según acepción ampliamente aceptada, está compuesto por una serie de fases o acontecimientos sucesivos que –en su conjunto- permiten transitar hacia un fin concreto.

Nuestro fin común, como Consejo de coordinación para la implementación, seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en el Estado de Michoacán de Ocampo está constitucionalmente predeterminado: establecer en la entidad el sistema procesal penal acusatorio consagrado en la norma suprema, derivado de la trascendente reforma de junio de 2008.

El camino seleccionado, en Michoacán, para dar cumplimiento a ese mandato constitucional, parte de otro referente, del mismo rango e imprescindible en el quehacer público de toda sociedad democrática: la coordinación armónica entre los poderes, tal como ordena –y prescribe- el artículo  17 de la constitución política de nuestro Estado.

Los pasos o eslabones más significativos que han sido desarrollados, de tal manera y que han sentado las bases para el inicio de los trabajos de este consejo son:

a) la creación, por el Congreso del Estado, en septiembre del 2008 de la mesa técnica para la reforma en materia de seguridad pública y justicia penal, integrada por representantes de los tres poderes del estado, así como de otras instituciones y organismos;

b) la firma, en julio de 2009, por los mismos poderes del convenio de colaboración con el Secretario Técnico del Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal;

c) la suscripción, el 27 de mayo anterior, en este palacio de justicia, del convenio entre los representantes de los poderes del estado para creación del Consejo que hoy se instala y d) la expedición, por parte del honorable Congreso del Estado del decreto de 10 de junio del año en curso, constitutivo de este órgano colegiado.

Estas acciones, derivadas de la firme voluntad política de las partes, llevadas a cabo en tiempo y forma (pacta sunt servanda), dan paso hoy –también en los plazos legales establecidos para ello- al inicio de la actividades formales de este Consejo, refrendando con su instalación el compromiso para cumplir el mandato constitucional de establecer en nuestro estado el sistema procesal acusatorio; y, con ello, el fortalecimiento del Estado de Derecho que, en primera instancia y ante todo, implica la sujeción de los poderes públicos a la ley.

La confianza depositada, tanto por el gobernador Leonel Godoy Rangel, como por los representantes de la Soberanía popular, para que el Poder Judicial coordine los trabajos de implementación del sistema procesal acusatorio es una muestra más de la forma armónica en que se ejerce el poder público en Michoacán; y, al mismo tiempo, es un importante aliciente que renueva el compromiso de los hombres y mujeres que lo conforman (jueces, juezas, magistrados, magistradas, consejeros y personal administrativo), con la sociedad para brindarle un servicio público de administración de justicia pronta, imparcial, profesional y objetiva.

Estoy convencido que, con el concurso de todos y todas, los trabajos de este Consejo habrán de concluir satisfactoriamente, inaugurando en Michoacán una nueva forma de administrar justicia, fundada en el debido proceso y el respeto irrestricto de los derechos fundamentales de imputados y víctimas.