Comunicado 26/2004

14.05.04 Los Poderes Legislativo y Judicial trabajan en un marco de respeto, colaboración e institucionalidad a favor de los michoacanos, reconoció el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, Armando Ballinas Mayés, frente al grupo académico conformado por los Mags. Alejandro González Gómez, Juan Antonio Magaña de la Mora y Luis Alonso Rodríguez Nieto, quienes hicieron la entrega formal del análisis al cúmulo de iniciativas para reformar los Códigos Penal y el de Procedimientos Penales de Michoacán a integrantes de la LXIX Legislatura.

Los tres magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), junto con el director del Instituto de Especialización Judicial (IEJ), Emmanuel Roa Ortiz y asesores de Postgrado de la Facultad de Leyes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, otorgaron al diputado Armando Ballinas Mayés y al Director General de Servicios de Asistencia Técnica y Jurídica del Congreso Local, Jesús Solórzano Juárez, el resultado del trabajo conjunto.

Los magistrados entregaron el documento de más de 50 páginas en las oficinas de la dirección del Instituto de Especialización Judicial, con observaciones a las iniciativas de reforma, los Códigos Penal y de Procedimientos Penales del Estado, a diputados de la LXIX Legislatura local, representados por el legislador Armando Ballinas Mayés, quien denotó que existe el espíritu de colaboración entre los Poderes Legislativo y Judicial, ya que ello les permitirá legislar de una visión más amplia y ajustada a la idiosincrasia de los michoacanos.

El magistrado de la 1ª Sala Penal, Alejandro González Gómez, resaltó tres criterios incluidos en el informe, donde se sugiere la reconsideración, conforme a los tratados internacionales suscritos por México de la edad penal en Michoacán, punto coincidente en la Reforma Constitucional al Sistema de Seguridad y Sistema Penal, presentada por el Ejecutivo Federal, Vicente Fox Quesada.

Además están otras sugerencias en torno a procesos recientes legislativos registrados en el Distrito Federal y en el Código Penal Federal, como lo son los parámetros actuales para que un sentenciado pueda acceder a beneficios penitenciarios, al incrementar el ámbito de aplicación de la conmutación de la pena y suspensión condicional de la ejecución de sanciones, tomando en cuenta que los parámetros actuales (2 y 3 años, respectivamente), han permanecido prácticamente sin modificación alguna desde su introducción, pese al aumento de los mínimos y máximos de las penas de prisión; otro aspecto consensado entre magistrados y legisladores es la situación de los adultos mayores sujetos a proceso penal.

También aludiendo a la ampliación de beneficios de conmutación y suspensión de la pena, frente al aumento de penalidades, mediante lo cual el derecho penal amplia el número de personas que pueden ser procesadas, por su parte, el titular de la 4ª Sala Penal, Juan Antonio Magaña de la Mora agradeció a los diputados de la LXIX Legislatura la inclusión de quienes tienen la responsabilidad de aplicar las leyes, luego de que desde el año 1961 no se registraban reuniones interdisciplinarias entre los cuerpos legislativo y judicial, sobre situaciones que atañen al derecho penal.

El Mag. Juan Antonio Magaña de la Mora solicitó respetuosamente que los legisladores pudieran valorar aspectos relativos a la pena, las concesiones en la conmutación y suspensión de la ejecución de la misma y analizar qué conductas deben ser tocadas por la materia penal.

Particularizó respecto al delito de violencia familiar, que tiene problemas de interpretación, toda vez que aparece como un delito de resultados que se empata con el de lesiones, por lo que es conveniente que los diputados analicen la ventaja de incorporar a otras legislaciones el concepto de reiteración de actos para que se dé el delito de violencia familiar, o de no considerarlo así, que se diga que se aplicará independientemente de que se den los otros delitos de resultados, "pero que no lo dejen a la interpretación judicial práctica".

En el acto formal de entrega del análisis a fondo de diversas iniciativas para modificar el Código Penal de Michoacán, el Mag. Alejandro González Gómez resaltó el clima de respeto en las jornadas de trabajo interdisciplinarias con discusiones colegiadas entre los representantes de ambos poderes a fin de que las sugerencias de reforma a los artículos de ambas normatividades tengan una mejor aplicación práctica, como en los casos de la pornografía infantil, nuevas formas de ataque a bienes jurídicos y la revisión para tipificar lo relativo a delitos contra las violaciones al ordenamiento territorial y el medio ambiente.

Sugerencias para reconsiderar lo referente a la libertad y seguridad de las personas, al delito de estupro, los abusos sexuales (antes denominados abusos deshonestos), delitos contra la moral pública, corrupción y sobre menores e incapaces, así como la falsificación de documentos como tarjetas de crédito y títulos al portador, en atención a las nuevas formas de criminalidad tecnológica, que facilita la clonación de dichos documentos para pago o disposición en efectivo, fueron algunos de los tópicos discutidos entre el grupo académico interdisciplinario.