Comunicado 48/2005

Morelia, Mich., a 23 de agosto de 2005.- Para garantizar el éxito de la reforma constitucional al artículo 73 de nuestra Carta Magna, que contempla la ampliación de jurisdicción concurrente para el conocimiento de ciertos delitos del orden federal, en este caso para asuntos de narcotráfico en proporciones menores, aprobada por los legisladores del Congreso de la Unión , no debe perderse de vista el indispensable blindaje financiero, de recursos humanos, capacitación y profesionalización que requerirán los Tribunales del fuero común de la nación.

De aprobar el Congreso del Estado dicha reforma, sería deseable que la condicionara al suministro de recursos económicos "evidentemente que necesitamos que paralelamente a la reforma se esté pensando en qué recursos va a desplazar la federación a los estados", expresó a título personal el Magistrado Juan Antonio Magaña de la Mora , titular de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia de Michoacán y profesor de la División de Estudios de Postgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, respecto de la aprobación de la Cámara Baja el pasado 28 de junio, que facultó a los estados a que investiguen, persigan y sancionen algunos delitos federales de narcotráfico al menudeo con 451 votos a favor.

"Si se aspira al éxito de la reforma constitucional que faculta a los Tribunales de los Estados a conocer asuntos de narcotráfico en escalas menores, -- que son los que se dan de manera más recurrente--, se debe sustanciar mejor el desarrollo laboral mediante el otorgamiento de mayores recursos, ante el previsible incremento en las cargas de trabajo de los órganos jurisdiccionales estatales, para crear más tribunales y tener contratación de personal evitando que se de la lentitud en los procesos por tanta carga de trabajo, pues de lo contrario se pueden dar un sin número de problemas", advirtió.

El magistrado recordó que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión ratificó la reforma al artículo 73 de la Constitución la cual ya había sido avalada por el Senado, que amplía las facultades de las entidades federativas para el combate de algunos delitos federales y la celebración de convenios de colaboración, y en cuyo texto se señala que el narcomenudeo, por sus características peculiares, constituye una conducta que afecta severamente la salubridad general de la comunidad del estado en que tiene lugar su comisión.

. "En estos momentos en que se está analizando la posible reforma a la Constitución General de la República a efecto de tratar de dar competencia o dar jurisdicción concurrente a Tribunales de los Estados, para conocer de asuntos que pudieran corresponder hasta este momento a la materia federal, debemos recordar que este asunto tiene sus implicaciones de fondo que hay que analizar de manera cuidadosa, no solamente en cuanto al aspecto estrictamente jurídico, sino en cuanto a los demás de orden económico y de los efectos de que entre en vigor una reforma, porque es hablar de cuestiones competenciales hacia los tribunales del fuero común".

Y explicó: "Ello implicaría aumentar la estadística en la carga de trabajo hacia los tribunales en un primer término, pues no debemos de olvidar que en materia mercantil esta jurisdicción concurrente existe, lo que significa que en los tribunales federales o tribunales del fuero común pueden conocer de un asunto a elección del interesado".

Citó que en materia mercantil por ser de orden federal, se rige por el Código de Comercio y le correspondería de primera instancia a los juzgados de distrito llevar a cabo todos los juicios ejecutivos mercantiles, pero al darse la posibilidad de que los Tribunales Estatales conozcan de la materia mercantil, resulta que del cien por ciento de los asuntos en los juzgados de primera instancia en materia civil, el 60 % son casos mercantiles.

Al aprobarse la ampliación de jusrisdicción concurrente para ciertos delitos del orden federal, como el narcotráfico en proporciones menores, podría pasar de manera normal a ser conocido por los tribunales estatales y esto trae consigo el aumento en las cargas de trabajo que ya de por sí son bastantes a los tribunales, dijo.

"Si para aminorar el problema que se puede suscitar con esto, simultáneamente la federación estuviera pensando en que así como van a pasar asuntos al conocimiento de los tribunales estatales, también van a pasar recursos económicos para poder en su caso hacer frente a la contratación de más personal e incluso la creación de más tribunales, se daría una congruencia, cosa que no ha sucedido con la cuestión mercantil, pese a que se ha solicitado de manera reiterada en encuentros nacionales de los Tribunales Superiores de Justicia ", manifestó el juzgador.

"Si no se ha logrado en lo que ya durante tantos años se ha venido dando, pues yo no creo que también en un plazo inmediato pudiera solucionarse un otorgamiento de recursos a los estados por este aumento de trabajo", expresó.

Respecto al refuerzo financiero que requeriría el Poder Judicial, el profesor de la División de Estudios de Postgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, manifestó que no se debe olvidar que la reforma constitucional traería consigo la obligación de mejorar sustancialmente los sueldos de los jueces y el personal de los juzgados, toda vez que es indispensable instrumentar un blindaje, para evitar las tentaciones que pudieran ocasionarles quienes se dedican al narcotráfico y proteger así a los tribunales.

El Magistrado de la Cuarta Sala Penal del STJEM, recordó que en su momento esta condición si fue valorada por el Poder Judicial de la Federación , que desplazó de su presupuesto un porcentaje importante para los sueldos de sus funcionarios.

De cara al análisis y aprobación de la reforma constitucional por parte del Constituyente Permanente, para que las nuevas disposiciones entren en vigor, (ya que por ser una reforma constitucional, para que entre en vigor debe ser avalada cuando menos por 16 Congresos de los estados), Juan Antonio Magaña de la Mora , reiteró que siempre una reforma debe obedecer a criterios y lineamientos de la política criminal, incluidos aspectos sociales y culturales, no solamente los de orden jurídico.

Según informes oficiales, el "narcomenudeo" ha fomentado el uso y tráfico de estupefacientes como la cocaína y el "crack" entre los jóvenes, aunque no ha logrado desplazar a la marihuana como la droga de mayor consumo en ese sector de la población. Según datos del Consejo Nacional Contra las Adicciones, más del 50 por ciento de los usuarios mexicanos de crack, la forma más adictiva de la cocaína, tiene menos de 18 años. También revela un incremento en el consumo de drogas entre las mujeres adolescentes y jóvenes, mientras que la marihuana se mantiene como la principal droga de consumo en distintos sectores de la población.