Comunicado 49/2005

Morelia, Mich., a 25 de agosto de 2005.- Una vez aprobada la Reforma Constitucional al Artículo 73 por parte del Poder Legislativo de Michoacán se hace imperioso refrendarla con un indispensable blindaje financiero, en virtud de las implicaciones de que los tribunales del fuero común investiguen, persigan y sancionen algunos delitos federales de narcotráfico al menudeo.

De manera, reiterada así se pronunció el Magistrado de la 4ª Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia de Michoacán y profesor de la División de Estudios de Postgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Juan Antonio Magaña de la Mora , quien subrayó el indispensable blindaje financiero, de recursos humanos, capacitación y profesionalización que requerirán los Tribunales del fuero común de la nación.

Señaló que la reforma constitucional traería consigo la obligación de mejorar sustancialmente los sueldos de los jueces y el personal de los juzgados, para contar con un blindaje y evitar las tentaciones que pudieran ocasionarles quienes se dedican al narcotráfico y proteger así a los tribunales; esta cuestión si fue analizada por el Poder Judicial de la Federación , que desplazó de su presupuesto un porcentaje importante para los sueldos de sus funcionarios.

"Si se aspira al éxito de la reforma constitucional que faculta a los Tribunales de los Estados a conocer asuntos de narcotráfico en escalas menores, -- que son los que se dan de manera más recurrente--, se debe sustanciar mejor el desarrollo laboral mediante el otorgamiento de mayores recursos, ante el previsible incremento en las cargas de trabajo de los juzgados estatales, para crear más tribunales y tener contratación de personal evitando que se de la lentitud en los procesos por tanta carga de trabajo, pues de lo contrario se pueden dar un sin número de problemas", advirtió.

El magistrado y académico señaló que mientras los demás Congresos de los Estados analizan y votan esta reforma aprobada por las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión , facultando a las entidades federativas para el combate de algunos delitos federales y la celebración de convenios de colaboración, ante la gravedad del fenómeno del narcomenudeo, debemos recordar que este asunto tiene implicaciones de fondo que hay que analizar de manera cuidadosa, no solamente en cuanto al aspecto estrictamente jurídico, sino en relación a los demás de orden económico y de los efectos de que entre en vigor una reforma, porque es hablar de cuestiones competenciales hacia los tribunales del fuero común".

"Ello implicaría aumentar la estadística en la carga de trabajo hacia los tribunales en un primer término, pues no debemos de olvidar que en materia mercantil esta jurisdicción concurrente existe, lo que significa que en los tribunales federales o tribunales del fuero común pueden conocer de un asunto a elección del interesado".

Citó que en materia mercantil por ser de orden federal, se rige por el Código de Comercio y le correspondería de primera instancia a los juzgados de distrito llevar a cabo todos los juicios ejecutivos mercantiles, pero al darse la posibilidad de que los Tribunales Estatales conozcan de la materia mercantil, resulta que del cien por ciento de los asuntos en los juzgados de primera instancia en materia civil, el 60 % son casos mercantiles.

Al aprobarse la ampliación de jurisdicción concurrente por la mayoría de los estados haciéndola obligatoria para los Tribunales Superiores de Justicia del país, para ciertos delitos del orden federal, como el narcotráfico en proporciones menores, estos asuntos serían normalmente conocidos por los tribunales estatales, con el evidente aumento en las cargas de trabajo a los tribunales.

"Si para aminorar el problema que se puede suscitar con esto, simultáneamente la federación estuviera pensando en que así como van a pasar asuntos al conocimiento de los tribunales estatales, también van a pasar recursos económicos para poder en su caso hacer frente a la contratación de más personal e incluso la creación de más tribunales, se daría una congruencia, cosa que no ha sucedido con la cuestión mercantil, pese a que se ha solicitado de manera reiterada en encuentros nacionales de los Tribunales Superiores de Justicia ", manifestó el juzgador.

De cara al análisis y aprobación de la reforma constitucional por parte del Constituyente Permanente, para que las nuevas disposiciones entren en vigor en todo el país, Juan Antonio Magaña de la Mora , reiteró que siempre una reforma debe obedecer a criterios y lineamientos de la política criminal, incluidos aspectos sociales y culturales, no solamente los de orden jurídico.