Comunicados de Prensa
 

Apoya Guanajuato en Especialización de Aspirantes a Jueces en la Justicia Integral para Adolescentes

  • Paradigma impulsa un sistema garantista para menores infractores, responsables de sus actos
 


Comunicado 05/2007

Morelia, Mich., a 08 de febrero de 2007.- Integrantes del Poder Judicial de Guanajuato y académicos de la Universidad de ese vecino estado, aportan sus experiencias y conocimiento a favor de la impartición de justicia de la entidad, a través de su inclusión en el programa del “Curso de Formación y especialización para Aspirantes a Jueces de Justicia Integral para Adolescentes”, que lleva a cabo el Supremo Tribunal de Justicia.

En el Instituto de Especialización Judicial el Magistrado Alejandro González Gómez, titular de la Primera Sala Penal, subrayó la importancia de que quienes aspiren a ser jueces especializados con la entrada en vigor de la Ley del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes aprovechen el conocimiento vertido por los integrantes de la Judicatura del Estado de Guanajuato, así como académicos en esta materia en la aplicación de un sistema de mayores garantías para quienes a temprana edad cometen ilícitos por los que deben responder.

En esta ocasión, los aspirantes a jueces especializados en justicia juvenil abordaron el tema:“El Debido Proceso” (Principios en el Procedimiento Especial para Menores) expuesto por el Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino, Director de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guanajuato, así como por la Lic. Margarita Hernández Olvera, Juez de Adolescentes del Distrito de León.

Guerrero Agripino felicitó al Poder Judicial de Michoacán por la iniciativa que tiene, “no sólo por decirle a los jueces cómo aplicar la ley ellos, sino que con una amplia apertura  están convocando a profesores a que  vengan a compartir este proceso. Eso habla muy bien de ellos”.

El Magistrado Alejandro González Gómez explicó que el nuevo sistema de justicia para adolescentes representa un cambio de paradigma, donde la idea es crear ciudadanos responsables, ya que al joven se le reconocen todas sus capacidades, “anteriormente se decía que no tenía capacidad de querer, ni entender, pero ahora se le reconoce  como un sujeto y como tal en esa serie de derechos, debe responder por sus hechos, pero con la idea de ir formando ciudadanos responsables y con unas consecuencias específicas y particulares y muy bien delimitadas para sus características de una persona en formación”.

Añadió que ese cambio de paradigma a partir de la reforma al Artículo 18 Constitucional, se les sigue considerando inimputables, “pero sí deben responder por sus hechos, pero dentro de un procedimiento garantista  que vele por sus derechos fundamentales, que rigen en el ámbito del derecho penal para adultos y más con las propias de su condición de adolescentes  y con las consecuencias jurídicas también específicas para menores”.

Al respecto el Director de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guanajuato, apuntó que al aplicar en su entidad federativa la reforma al sistema de justicia juvenil desde septiembre pasado, el aporte académico para los jueces michoacanos radica en que observen reglas fundamentales de un Estado democrático, como las del derecho de ser oído, el derecho de defensa, el derecho  de que haya una división de poderes cuando haya una consecuencia jurídica, porque no puede haber dos o más poderes en un solo órgano

Afirmó que además se debe procurar un enfoque multidisciplinario, no solamente jurídico a través de tomar en cuenta reglas claras a las leyes de internamiento, qué medidas pedagógicas, psicológicas y criminológicas se van a instrumentar, para el tratamiento de ese menor cuando esté siendo sujeto a un procedimiento específicamente de internamiento.

Es necesario recordar que el objetivo del curso es lograr que mediante la profesionalización de los impartidores de justicia de la entidad, se otorgue una adecuada aplicación de los marcos legales en el ámbito de los menores, debido a la reforma al Artículo 18 Constitucional al Sistema de Seguridad Pública y Justicia Penal, la cual entró en vigor en marzo de 2006, y obligó a su vez a los legisladores estatales a establecer en el ámbito de sus respectivas competencias una ley que regulara un sistema integral de justicia para adolescentes.