Comunicado 21/2007

Morelia, Mich., a 07 de mayo de 2007.- En cumplimiento a la Reforma Constitucional del año 2006, con el objetivo de que los integrantes de este Alto Tribunal obtengan la asesoría técnica relativa a la definición de los límites territoriales en donde han de ejercer jurisdicción los Jueces Comunales, así como para conocer de los usos y costumbres de las etnias de la geografía estatal, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán (STJEM), firmó un convenio de colaboración con la Coordinación Interinstitucional para la Atención de los Pueblos Indígenas del Estado (CIAPI).

El acto protocolario de firma de convenio de colaboración en materia de justicia indígena, en beneficio de la sociedad tendiente a una óptima impartición de justicia, fue encabezado por el Magistrado Presidente de este Alto Tribunal, M. en D. Fernando Arreola Vega y la titular de la Coordinación Interinstitucional para la Atención de los Pueblos Indígenas, María Guadalupe Hernández Dimas.

El Magistrado Presidente de este Alto Tribunal y del Consejo del Poder Judicial, explicó que de esta manera, el Poder Judicial da cumplimiento al deber que tiene como producto de la Reforma Constitucional de 2006 para la creación de juzgados comunales y agradeció la buena disposición de colaboración de la CIAPI, para lo que habrá de representar un avance en la impartición y administración de justicia de Michoacán.

“La justicia comunal en el estado de Michoacán es una área muy sensible de la impartición y administración de justicia, precisamente porque se relaciona con nuestras etnias, con nuestro pueblos indígenas y con la problemática especial que ellos tienen y haciendo eco a la Reforma constitucional, el Tribunal ha recurrido a la coordinación para que podamos tomar las mejores decisiones en beneficio de las etnias de Michoacán”.

Por su parte, la titular de la Coordinación Interinstitucional para la Atención de los Pueblos Indígenas del Estado, María Guadalupe Hernández Dimas subrayó la trascendencia del convenio de colaboración desde la justicia con los pueblos indígenas y la justicia en México, tendiente a concretar el cambio que requieren los pueblos indígenas, cuyas políticas públicas requieren concretarse en beneficio de su multiculturalidad.

“Los juzgados comunitarios, urgen y vamos a seguir colaborando para llegar realmente en  esa búsqueda del bienestar, es precisamente nuestra participación como coordinación y queremos  colaborar realmente con ustedes para que esta justicia de México, se concrete  igualmente hacia  todos los mexicanos”, dijo Hernández Dimas.

El Maestro en Derecho Fernando Arreola Vega recordó que la LXX Legislatura local expidió la Ley de Justicia Comunal, pendiente de publicación para su entrada en vigor; sin embargo, la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado contempla en sus artículos transitorios la necesidad de que, a más tardar, 180 días después de la entrada en vigor de esta ley (lo que ocurrió el 16 de febrero pasado), el Tribunal, a través del Consejo del Poder Judicial comience la instalación de los juzgados comunales.

Por tanto, será responsabilidad de dicho órgano determinar el número y los lugares donde se instalarán juzgados comunales.  “Esta es una decisión que por ley le corresponde al Consejo del Poder Judicial que mañana se va a instalar y, por lo tanto estamos hablando que a más tardar en el mes de agosto próximo comenzarán a establecerse”, comentó.

Ante el director del Instituto de la Judicatura y el Director Jurídico del CIAPI, Emmanuel Roa Ortiz y Celerino Felipe Cruz, se resaltó que este convenio tiene como finalidad establecer las bases para que la Coordinación brinde asesoría y colabore con el Tribunal en materia de justicia indígena en áreas como lo son contar con Traductores Indígenas para la realización del examen de lecto-escritura que se les aplicará a los aspirantes a ingresar al Curso de Formación y Capacitación para Aspirantes a Jueces comunales, organizado por el Instituto de la Judicatura del Poder Judicial.

De igual manera, la colaboración será en torno a la asesoría técnica en la identificación de las comunidades y pueblos indígenas en donde se requiera la creación de juzgados comunales.

El asesoramiento técnico especializado incluido, llevará a identificar los límites territoriales en donde ejercerán sus funciones competenciales los jueces comunales que sean designados por el Consejo del Poder Judicial.

Asimismo, para la realización de actividades académicas conjuntas en materia de justicia indígena, mismas que pueden incluir diseño y desarrollo de programas académicos, implementación de cursos, foros, talleres, seminarios y todos aquellos que tengan por objeto difundir, capacitar y actualizar en materia de justicia indígena a los servidores públicos del Poder Judicial, así como a los aspirantes a ingresar a él.    Entre otras cosas, el convenio establece la posibilidad de realizar de manera conjunta investigaciones y estudios que contribuyan a la difusión de la justicia indígena.