Comunicado 68/2007

Morelia, Mich., a 16 de octubre de 2007.- Ante la globalización de los crímenes, las judicaturas de las naciones del orbe afrontan el reto profundo de la apertura del diálogo transjudicial tendiente a fortalecer la doctrina jurídica y el derecho,  para afianzar mediante la transparencia la confianza de los justiciables, afirmó el Dr. Diego Eduardo López Medina, Catedrático de la Universidad de Los Andes en Colombia.

En su visita a la judicatura michoacana, explicó que anteriormente el fenómeno jurídico que era estrictamente local, ahora es trasnacional, hecho que implica que los mismos tribunales, no sólo el legislador, sea mucho más abierto al dialogo entre distintas jurisdicciones.

En México, como en otras naciones, añadió, el trabajo de las Cortes Supremas no es tan aislado, sino que empieza a haber una conexión de la doctrina jurídica y en general del derecho entre países muy intensa. La colaboración entre juristas de distintos países para ir tratando de desentrañar las dinámicas contemporáneas del Poder Judicial se hace cada ve más importante.

Indicó que ahora ya no tenemos crímenes locales, se trata de crímenes trasnacionales, por lo que las leyes y doctrinas no son puramente locales; “ya tenemos un movimiento internacional de derechos humanos muy profundo. Cada vez las presiones de estos fenómenos trasnacionales obligan a que haya más dialogo y comprensión de los derechos  de otros países y de las formas de armonización de esos derechos entre los diversos países”.

De la aportación de cómo la judicatura ha luchado contra el crimen organizado y la subversión política en Colombia, destacó el valor del respeto por los derechos humanos en un estado de derecho edificado a pesar de la turbulencia de las circunstancias políticas que el país vive. “Yo creo que todos son aprendizajes institucionales interesantes para México y para sus entidades federativas”.

El jurista colombiano sostuvo como una tendencia rebasada, la instauración de los llamados “Jueces sin Rostro”, cuya aparición en el sistema jurídico de esa nación latinoamericana obedeció a la alarma y cansancio social, ocasionados por el crimen armado.

Refirió que ese esquema, traído de Italia, trató de proteger a los impartidores de justicia frente a las retaliaciones. Esto durante un tiempo le ofreció algún tipo de seguridad a los impartidores de justicia, pero con el tiempo la justicia sin rostro terminó minando la confianza que tenía el público sobre la judicatura, explicó.

López Medina sostuvo que la judicatura en general tiene que ser abierta, transparente, por lo que las medidas de protección de jueces y testigos erosionaron la confianza del público y muy pronto empezó a percibirse como un sistema de justicia de excepción, “más bien la respuesta de una sociedad alarmada que no podía realmente lidiar con la delincuencia organizada”.

Recordó que el Estado colombiano eliminó dichas figuras y ha buscado fortalecer la protección que necesitan jueces y testigos frente a las acciones de amedrentamiento que sigue lanzando la delincuencia organizada, pero al mismo tiempo sin pagar ese costo tan grande de transparencia.

La tendencia actual es incrementar la seguridad para jueces, fiscales y testigos, pero al mismo tiempo con unos procesos abiertos que no huelan tanto a una inquisición, como lo hacía la justicia sin rostro, puntualizó el Dr. Diego López Medina.