Comunicado 52/2008

Morelia, Mich., a 27 de octubre de 2008.- El exhorto al Congreso de la Unión para que se legisle a la brevedad posible sobre las leyes aplicables a los infractores adolescentes, tratándose de ilícitos del orden federal, a través de una legislación específica en la materia, y la sugerencia de reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer un procedimiento preponderantemente oral en materia civil y familiar, entre otras conclusiones fueron las vertidas al finalizar los trabajos de las mesas de discusión y análisis desarrolladas en el XXXII Congreso Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos.

El XXXII Congreso Nacional de Tribunales Superiores de Justicia celebrado en Morelia el pasado fin de semana, rompió record, tanto en la asistencia de participantes como en la presentación de ponencias, para su discusión y análisis. Se analizaron más de 60 documentos presentados por magistrados de los  Poderes Judiciales de todo el país. Se contó con la presencia de 140 personas.
Durante tres días estuvieron en Morelia 26 presidentes, tres representantes, 57 magistrados, dos consejeros, dos jueces, 35 acompañantes y 15 asistentes; en su conjunto, superaron todas las expectativas, lo cual se interpreta como una demostración inequívoca de la confianza y fraternidad de todos los asistentes con nuestro Estado de Michoacán.

Sobre el particular, el M. en D. Fernando Arreola Vega. Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial de Michoacán, afirmó que ahora los frutos de los trabajos desarrollados durante tres días en esta capital están a la vista y habrán de contribuir al fortalecimiento de las judicaturas de todas las entidades federativas de México.

En presencia del representante personal del Gobernador, Mtro. Leonel Godoy Rangel, el Mtro. Fidel Calderón Torreblanca,  Secretario de Gobierno; del  Magistrado Antonio Ceja Ochoa, Presidente del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito y representante personal del Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Lic. Daniela de los Santos Torres, Sindico Municipal de Morelia, representante del Alcalde  Fausto Vallejo Figueroa, reconoció que las conclusiones adoptadas por las diferentes mesas de trabajo, que este año ha tenido una participación histórica, ya que derivan del análisis y discusión de 60 ponencias relativas lo mismo a temas civiles, que sobre materia familiar, mercantil, así como en materia penal, de justicia integral para adolescentes y de administración de justicia, serán de un importante beneficio para la sociedad a la que sirven los Poderes Judiciales locales.

Asimismo, el Magistrado Lic. José Castillo Ambriz, Presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, (CONATRIB) y del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México, exhortó a los congresistas a llevar a la práctica cada una de las propuestas que se plantearon durante los trabajos de este XXXII Congreso Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, en virtud de que este es el mayor compromiso del organismo. Solamente con su participación, empeño y creatividad, abundó, será posible lograr en todo el territorio nacional Poderes Judiciales fortalecidos y modernizados, reconoció.

CONCLUSIONES DE LA MESA DE ESTUDIOS DE MATERIA PENAL Y DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES

Al dar cuenta de las conclusiones, el Magistrado Dr. Alejandro González Gómez, titular de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia y relator de la Mesa de estudios de Materia Penal y de Justicia para Adolescentes, informó que en total se presentaron 29 ponencias, divididas en tres secciones temáticas para su análisis y estudio, que fueron Reforma Constitucional,  Justicia Integral para Adolescentes y tópicos de interés general y especial.

Respecto de la Reforma Constitucional Penal destacó entre las conclusiones del nuevo sistema acusatorio adversarial, la necesidad de promover e impulsar los medios alternativos para la resolución de controversias.   Habló de aspectos relevantes para la implementación de sistemas novedosos, tales como el principio de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, las implicaciones de su ejercicio por particulares y que se reflexione sobre la procedencia e implicaciones sobre extinción de dominio en materia estatal, todo ello sin dejar de lado los fundamentos que ya existen y que dan sustento a tal sistema, indicó.

En la sección de Justicia Integral para Adolescentes resaltan las propuestas para el desarrollo de una dogmática especial de la materia, codificar en un solo ordenamiento todo el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, que incluya tanto las normas adjetivas como sustantivas, y la necesidad de implementarlas a través de un efectivo y puntual seguimiento judicial de las medidas previstas en el sistema e incorporar la figura del juez de control y juez de ejecución de sanciones para las legislaturas que aún no lo han hecho.

Y fundamentalmente, subrayó, se requiere armonizar a nivel nacional las normas del Sistema Integral para Adolescentes con los principios constitucionales generales y especiales derivados del sistema acusatorio adversarial.  En los tópicos de parte general y especial, fueron abordados los problemas de la cumplimentación, contenido y alcances de la prueba ilícita, la atención a las víctimas del delito y efectiva reparación del daño al alcance, así como la necesidad de que sean ponderadas por el legislador las implicaciones generales de la llamada concurrencia competencial, que quedaría para los Poderes Judiciales locales de aprobarse la iniciativa en curso sobre narcomenudeo.

Informó que como fundamento en el artículo XIII, en el último párrafo, del Reglamento que rige a la (CONATRIB), en la sesión plenaria que la comisión de estudio de justicia penal y de justicia integral penal para adolescentes aprobó la siguiente recomendación:

“Que habiendo asumido las ponencias problemas en materia de justicia para adolescentes los problemas derivados de la multiplicidad de conceptos e instituciones y procedimientos en las legislaciones locales de la materia, y la evidente necesidad de armonizarlas en función del nuevo sistema acusatorio adversarial constitucional y a la vista de la reciente aprobación del Código Modelo en el sistema penal acusatorio, elaborado por la Comisión Nacional de Tribunales de Justicia, que sin duda constituye desde ahora un invaluable material para la transición legislativa en todo el país, se propone formular un proyecto similar propio para la justicia integral para adolescentes elaborándolo a partir del mismo mecanismo”.

Por otra parte, también mencionó la problemática que en materia de adolescentes se ha generado en muchos Estados del país, con la declaración competencial para que los tribunales locales conozcan de delitos federales imputados a adolescentes, se recomienda que la Asamblea de esta Comisión Nacional de Tribunales exhorte al Congreso de la Unión para que a la brevedad se apruebe la legislación federal en la materia.

CONCLUSIONES PRESENTADAS EN LA MESA DE DERECHO CIVIL, FAMILIAR Y MERCANTIL, TANTO SUSTANTIVO COMO OBJETIVO

En este marco del XXXII Congreso Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, el Magistrado M. en D. Jorge Resendiz García, relator de la Mesa de Derecho Civil, Familiar y Mercantil, tanto sustantivo como adjetivo, manifestó que fueron presentadas 31 ponencias, de las cuales 13 corresponden a derecho civil, igual número a derecho familiar y cinco a derecho mercantil. Las ponencias aportaron los siguientes aspectos destacables.

Sobre derecho civil, dijo, se propuso: La incorporación en las legislaciones  civiles de los estados que no lo contemplan, del Testamento Público Simplificado, a través del cual se pueda disponer de un inmueble destinado o que habrá de destinarse a vivienda o de un terreno en que se construya para el mismo destino, debiéndose además establecerse un procedimiento especial de titulación notarial para la ejecución de ese testamento.

Que se reforme la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con la finalidad  de que se establezca un procedimiento preponderantemente oral en materias civil y familiar. Que se admita el reenvío en aquellos negocios en los que en la sentencia de primera instancia se determine la procedencia de una excepción de carácter dilatorio.

Establecer como objetivo del recurso de apelación el que se analicen los agravios que se formulen con respecto a las violaciones procesales, así como que cuando se trate de violaciones procesales de orden público o que puedan influir en el sentido de la sentencia, se analicen de oficio.

Eliminar, por lo que ve a determinadas acciones, en atención a su naturaleza, la condenación forzosa del pago de las costas.  Observar en las legislaciones de los estados el principio de gratuidad, contemplado en el artículo 17 constitucional.

Que se atribuya a los Poderes Judiciales de los Estados la facultad económica - coactiva a fin de poder hacer efectivas las multas impuestas por los órganos jurisdiccionales y como consecuencia de esto que se creé un órgano encargado de ello. Contemplar en las legislaciones de los estados en forma sistematizada las causas y tratamientos de la suspensión e interrupción del procedimiento.

Se propuso que los juicios, sean de cuantía indeterminada cuando la sentencia que se pronuncie tenga carácter formal o procesal y que por el contrario de cuantía determinada cuando el contenido de aquella sea material o sustancial.  Que a la demanda de amparo directo se presente en forma directa ante el tribunal  colegiado de circuito y no por conducto de las autoridades responsables.

Respecto a las ponencias presentadas en derecho familiar, el titular de la Quinta Sala Civil señaló que se manifestó la necesidad de que se establezca en los códigos adjetivos civiles o familiares de las entidades federativas lineamientos específicos para la tramitación de las solicitudes de restitución internacional de menores, respetándose siempre las formalidades esenciales del procedimiento.