Comunicado 18/2010

Morelia, Mich., a 11 de junio de 2010.- La capacitación, adecuación de espacios, inversión de recursos y la gradualidad en la aplicación de los procedimientos jurídicos son ejes fundamentales en la implementación y buen éxito de una reforma penal como la que se realiza en México, afirmó Fernando Sánchez Martínez,  juez especializado en justicia integral para adolescentes del Supremo Tribunal de Justicia en Michoacán, al presentar la conferencia “Los jueces tienen la palabra: experiencia vivencial del sistema adversarial en Chile”. 

El juzgador michoacano expuso parte de los conocimientos adquiridos en ese país, luego de participar en un curso de capacitación dirigido a impartidores de justicia mexicanos, convocado por la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, con el objetivo de que los jueces y magistrados nacionales cuenten con mejores herramientas y criterios para hacer frente a los retos que implica la puesta en marcha de la reforma penal constitucional de 2008, que mandata la transición hacia un sistema de justicia acusatorio y adversarial, en el cual la oralidad en los juicios es una parte fundamental. Recordó que Chile es una de las nacionales latinoamericanas con mejores avances en la materia, que en el momento actual puede aportar basta experiencia a México.

A su numeroso público le dio a conocer que el cambio de modelo en la impartición de justicia le implicó importantes esfuerzos a Chile en la capacitación,  no sólo de sus jueces y magistrados, sino también de ministerios públicos, policías, abogados y demás actores involucrados; en consecuencia, la preparación multidisciplinaria fue esencial; a la par de la adecuación de los espacios físicos y la adquisición de equipo tecnológico para el óptimo funcionamiento de las oficinas.

Se estima, dijo, que costo de esa reforma osciló en los 622 millones de dólares, porque implicó cambios de fondo. Ahora, en la operatividad la inversión estimada es de unos 250 millones de dólares anuales.

En lo que se refiere a la gradualidad en la implementación de los nuevos procesos, citó que se estructuró por regiones, de tal manera se que dio la oportunidad de subsanar de forma ágil y rápida las fallas que se registraron. En todos los casos se implementaron etapas de seguimiento y monitoreo.

Estableció tres ejes para el eficaz funcionamiento de la reforma: 1) la coordinación interinstitucional; 2)  el equipamiento tecnológico y 3) una nueva forma de capacitación, basada en el criterio de “se aprende haciendo”. 

Sánchez Martínez hizo un señalamiento pormenorizado de la nueva estructura de los juzgados penales, de la creación de nuevas figuras jurídicas, de la adecuación del marco legislativo, del incremento en el número de jueces, magistrados y salas; de la sistematización de procedimientos y de la importancia de la separación del ámbito jurídico y la gestión administrativa, entre otros puntos de interés.