Señoras magistradas, señores magistrados
[Estimados colegas jueces y juezas de PJE
Distinguida audiencia]

La sociedad michoacana ha puesto en manos del Poder Judicial del Estado este espléndido conjunto de edificios que, a partir del día de hoy, se constituye en sede oficial del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

Este acontecimiento es, sin duda alguna, significativo y –al mismo tiempo– memorable.

Es significativo, puesto que constituye una muestra más de la importancia que el ejercicio de la función jurisdiccional, constitucionalmente asignada al Poder Judicial del Estado, tiene de cara a la consolidación en Michoacán de un estado social y democrático de derecho.

En un Estado constitucionalmente democrático, la función jurisdiccional está estrechamente vinculada con el respeto a la ley, la paz social, el constante mejoramiento económico, social y cultural, y el respeto de los derechos fundamentales de las personas.

Michoacán es un Estado generoso, abierto a la pluralidad, practicante de la tolerancia, respetuoso del derecho. En este contexto, debe contarse con un Poder Judicial independiente, autónomo económicamente, cercano a los justiciables, que permita dar certidumbre al ejercicio de los derechos y libertades de los michoacanos, mediante la resolución pronta, completa, imparcial, y conforme a derecho de las controversias jurídicas.

Es memorable, ya que como bien se estableció en la sesión plenaria anterior, esta fecha marca el inicio de un nuevo ciclo histórico en la administración de justicia estatal.

En esta nueva etapa, la sociedad michoacana no debe albergar duda alguna que las funciones encomendadas al Poder Judicial del Estado, a su pleno, a sus salas y juzgados, habrán de ejercerse conforme a los principios rectores para ello establecidos en nuestra ley fundamental: independencia, profesionalismo, imparcialidad y prontitud.

En el contexto actual, la administración de justicia habrá de satisfacer, además, las exigencias de eficiencia, eficacia, trasparencia y confiabilidad, propias o inherentes a toda función pública en las sociedades democráticas.

En efecto, la tutela judicial efectiva no puede administrarse de forma separada a una gestión eficaz, eficiente y honrada de los recursos humanos, financieros y materiales, abierta a una fiscalización permanente.

Cada vez más y desde muy distintos espacios, se reconoce a las administraciones eficaces y eficientes de los poderes judiciales, que permiten el cumplimiento del mayor número de objetivos, con los menores recursos posibles, que posibiliten aumentar las prestaciones de sus servidores públicos o aun ofrecer más y mejores servicios a los justiciables.

De igual forma, así como este conjunto de edificios ha eliminado las barreras físicas que obstaculizan el ingreso a personas con capacidades diferentes, será también necesario hacer lo propio con todas aquellas que bien, de iure o de facto, perduran e impiden el acceso a la tutela judicial efectiva, particularmente de las comunidades indígenas y demás grupos vulnerables, verbigracia, adultos mayores, personas de escasos recursos, mujeres y niños.

Basta un recorrido por este edificio central, que por sus dimensiones no será del todo pequeño, para constatar, de la mano de la cantidad de dependencias que integran el área administrativa del Poder Judicial del Estado, la necesidad de desarrollar nuevos esquemas y procedimientos que, por una parte, permitan una administración más eficiente y eficaz que habrá de comprender, además de las funciones propiamente administrativas o de gestión, todo lo relativo al ingreso, permanencia y promoción en la carrera judicial; y, por otra, que permitan a los integrantes de este pleno concentrar sus esfuerzos en las actividades jurisdiccionales a su cargo.

Si bien estos edificios constituyen, per se, un cambio sustancial en la estructura del Poder Judicial del Estado, los inmuebles, por muy funcionales que sean, no son suficientes para que lo mismo ocurra con sus tareas sustantivas; tal empresa amerita algo más que una simple mudanza, precisa también, inexcusablemente, cambios igualmente estructurales en los procedimientos de administración de justicia, apoyados en una nueva concepción de carácter igualitario en la que el trabajo diario en los juzgados y salas no es sino un servicio, y los justiciables, su clientela.

En Michoacán el avance en la administración de justicia es irreversible, se nutre de conciencias libres y se motiva con la vocación impartir justicia, esto es, el arte de lo bueno y lo equitativo. A quien encabeza este esfuerzo, hombre recto y talentoso, le reitero mi aprecio y respeto, que ve en él un jurista ejemplar.

Sin embargo, grandes tareas nos aguardan, viejos problemas aún sin resolver deben encontrar adecuada solución: consolidar, en forma proporcional y equitativa, el reciente incremento en las percepciones de los jueces y aumentar, de igual forma, la del resto de los servidores judiciales, continuar con la instalación y apertura de nuevos de juzgados y salas; hacer más efectiva la carrera judicial; contar con el mobiliario, equipo informático suficiente y adecuado que permita administrar, con nuevas herramientas y procedimientos, las tareas habituales de juzgados y salas y, finalmente –pero no por ello menos- impulsar la reforma constitucional y legal al Poder Judicial del Estado.

Estos son, entre otros, algunos de los retos que los tiempos que corren no solamente demandan, sino que imponen a la administración de justicia estatal. Todos ellos son, sin lugar a dudas, importantes. Quiero, sin embargo destacar y con ello concluyo, uno que en mi concepto es fundamental y cuya satisfacción es requisito indispensable para que el Poder Judicial del Estado, las mujeres y hombres que en él laboran –particularmente pero no tan sólo quiénes lo hacemos en estos magníficos edificios– correspondamos a la confianza que la sociedad michoacana, que el pueblo de Michoacán nos ha conferido al hacernos depositarios, tanto de esta sede como de los cinco nuevos juzgados puestos en marcha la semana anterior: eficiencia y eficacia en todas, absolutamente todas, las tareas y funciones que tenemos asignadas, teniendo siempre en cuenta que los llamados justiciables son también –y ante todo– hombres y mujeres, jóvenes, niños y niñas, de carne y hueso, no meros legajos, asuntos o expedientes, que como tales, como personas y con la dignidad inherente a esta fundamental circunstancia, deben ser atendidos, teniendo en cuenta –además- que ellos son los depositantes, no sólo de los edificios y demás recursos materiales con los que operamos, sino de la confianza de que sus controversias serán resueltas con imparcialidad, independencia, profesionalismo y celeridad.

Cuando se habla de fortalecer al Poder Judicial del Estado es obligado sumar esfuerzos, unamos esfuerzos, pues para esta tarea no sobra nadie, se requiere la mano de todos. Necesitamos, pues, altura, visión y convicción.

Por su atención, muchas gracias.