En suma, mucho debe la buena marcha de la administración de justicia durante 2002 a la cuidadosa vigilancia y supervisión desplegados por este Honorable Pleno, al que agradezco, en todos y cada uno de sus integrantes, el apoyo y la confianza brindadas a quien es titular de la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

De la Segunda Instancia

Por lo que respecta a la actividad desplegada por los órganos judiciales de segunda grado, hay que destacar el esfuerzo, la constancia, la calidad y eficiencia que se imprimieron a todas las resoluciones dictadas en la anualidad que se informa.

Los datos que a continuación expongo, son fiel reflejo del intenso trabajo desarrollado por los titulares de las Salas Civiles y Penales, así como de su personal.

De las Salas Civiles

A lo largo de la anualidad en cita, la segunda instancia en materia civil realizó un encomiable trabajo cuyas cifras lo ponen de relieve.

Así, al 31 de diciembre de 2001, las Salas Civiles concluyeron con una existencia de 135 expedientes.

En el año de 2002 ingresaron 5,964 asuntos y se terminaron 5,948 negocios. Por virtud del empeño desplegado por los titulares de la segunda instancia civil, al 31 de diciembre del año que se informa, sólo quedaron pendientes por resolver 151 controversias, mismas, que en su gran mayoría, por el estado procesal que en ese momento guardaban, impidieron jurídicamente el pronunciamiento de su fallo; es decir, que en esta última data, la gran mayoría de estas Salas no tenían ningún asunto citado para sentencia.

A las cifras expuestas, que dejan constancia de la productividad de las Salas Civiles, debe añadirse la consideración que las resoluciones mantuvieron un elevado nivel de calidad. Ello refuerza la confianza de los justiciables en la impartición de la justicia civil de segundo grado y consolida la infatigable labor en búsqueda de la verdad legal que se exige por mandamiento de la norma jurídica.

Además, resulta imprescindible mencionar, que la calidad en la aplicación del Derecho a los casos concretos que desplegaron las Salas Civiles viene a ser corroborada por las diferentes tesis que se incluyen en el apartado correspondiente de este informe.

Lo anterior, en su conjunto, permite apreciar y valorar que la segunda instancia en materia civil ha mantenido un extraordinario ritmo laboral sin detrimento de la calidad en las resoluciones judiciales emitidas.

De las Salas Penales
Por lo que corresponde a la segunda instancia penal, he de subrayar, también, la gran responsabilidad asumida por los Magistrados titulares de las ocho Salas Penales de este Alto Tribunal para lograr entregar buenas cuentas a la sociedad michoacana.

Sin duda alguna, el número de asuntos penales que ingresaron durante el año 2002 demuestra la necesidad que existe de redoblar esfuerzos a fin de disminuir, aún más, la carga judicial en este importante rubro.

Las cifras estadísticas son, en este sentido, claras y no dejan lugar a dudas. Así, al 31 de diciembre de 2001, las Salas Penales cerraron con una existencia de 567 expedientes. Durante el año que se informa ingresaron 8,035 asuntos, o sea, un poco más de mil por sala y fueron concluidos 7,868. Quedan pendientes de resolución 734 expedientes penales, cuyo estado procesal, también en su gran mayoría, impidieron el pronunciamiento de su respectiva sentencia.

Si bien es evidente el gran esfuerzo de los Magistrados Penales, así como de su personal, para reducir la cada vez más pesada carga laboral, también lo es la necesidad de contar con un mayor respaldo que permita abatir el rezago en la segunda instancia en materia penal.

La dedicación de las Salas Penales en la resolución expedita de los asuntos de su competencia, igualmente se refleja en la naturaleza y cantidad de las tesis emitidas en el Año Judicial que se informa. Los criterios acuñados por los Magistrados Penales para la interpretación y la aplicación de las normas jurídicas, indudablemente servirán para una mejor y más adecuada justicia penal, acorde a las expectativas de los justiciables y de las necesidades de la sociedad michoacana del siglo veintiuno.

Ese creciente número de asuntos, tampoco desmerece la elevada calidad de las sentencias emitidas no sólo por los Magistrados Penales, sino también por los Magistrados Civiles. Dicha calidad es reconocida, incluso, en el ámbito nacional; ha quedado constancia de ella en diversos estudios realizados por instituciones educativas de prestigio, así como por entidades privadas.

Ejemplo de lo anterior, es la encuesta y evaluación realizada por la empresa Moody’s en coordinación con el Instituto Tecnológico Autónomo de México, que asigna al Poder Judicial de Michoacán el tercer lugar en lo referente a la calidad profesional de los Magistrados. Inclusive, en el rubro destinado al abatimiento de la carga judicial, se ubica a este Alto Tribunal entre los Poderes Judiciales estatales con un desempeño adecuado, situado muy por arriba de la media nacional.

Este informe da cuenta, pues, del cuidado con que los titulares de la segunda instancia llevaron a cabo su importante trabajo de atender, conforme los parámetros de la Norma Constitucional, las necesidades de justicia de la sociedad michoacana.

Pero también, no dejamos de señalar la urgente necesidad de dotar al Poder Judicial michoacano con más órganos de jurisdicción que nos permitan enfrentar, a mediano plazo, el ingente número de negocios y asuntos que día a día ingresan en mayor proporción y exigen ser resueltos de acuerdo a Derecho.

De la Primera Instancia en Materia Civil

La actividad desplegada en el ámbito de la jurisdicción civil por los jueces de primera instancia también constituye objeto de nuestro reconocimiento por los resultados alcanzados.

De esa forma, al 31 de diciembre de 2001 había una existencia de 31,749 expedientes civiles y mercantiles. Durante 2002 ingresaron 36,687 y se concluyeron 34,851 negocios, la existencia de asuntos en trámite es de 33,585. Cabe aclarar, que esta última cifra incluye un gran número de expedientes no activos procesalmente, y que sólo 110 juicios se encontraban citados para sentencia al 31 de diciembre de 2002. También es motivo de satisfacción informar que en 20 juzgados, con relación a la materia civil y mercantil de primera instancia, no había, al 31 de diciembre de 2002 juicios citados para sentencia.

De los 34,851 asuntos resueltos, el 44.37%, es decir 15,465, fueron sentencias definitivas; 55.28%, es decir 19,266 asuntos, constituyeron sentencias interlocutorias y autos; y el 0.35%, esto es 120 asuntos, fueron excusa y otros.

Tales cifras evidencian la constancia de los titulares de la jurisdicción civil de primera instancia, así como de su personal por abatir la carga judicial y mantener sus respectivos juzgados sin rezago.

De la Primera Instancia en Materia Penal

En la materia penal de primer grado también hubo avances. Tanto los juzgados especializados como los de carácter mixto desarrollaron una activa labor que permitió mantener un adecuado equilibrio entre los asuntos ingresados a lo largo de 2002 y las resoluciones emitidas.

Así, los datos estadísticos más relevantes indican que al 31 de diciembre de 2001, los 25 juzgados penales y los 10 mixtos, cerraron con una existencia de 28,702 expedientes.

Durante la anualidad que se informa, ingresaron 12,170 asuntos y se concluyeron 11,869 procesos penales.

Al 31 de diciembre de 2002 obran en el haber de estos órganos jurisdiccionales 29,063 asuntos. Cabe señalar, que esta última cifra comprende también los 22,558 procesos penales suspendidos desde hace varios años, y que no han podido concluirse por falta de cumplimentación de las respectivas órdenes de comparecencia y de aprehensión.

Es satisfactorio destacar que en 19 juzgados, y en relación a la materia penal de primer grado, no existían, al 31 de diciembre de 2002, procesos pendientes para dictar sentencia.

Sin embargo, a pesar de la extraordinaria labor desplegada por los titulares de la jurisdicción tanto penal como civil, es menester subrayar la necesidad de que el Poder Judicial del Estado se vea fortalecido con la creación de más juzgados, tanto especializados como mixtos, que auxilien a los ya existentes en nuestro esfuerzo por abatir la carga de asuntos que cada vez en mayor número ingresa.

De la Primera Instancia en Materia Familiar

También en lo referente a la primera instancia en materia familiar podemos manifestar que se logró una adecuada productividad.

Al 31 de diciembre de 2001, los dos juzgados de lo familiar de Morelia, cerraron una existencia de 2,399 expedientes.

Durante 2002 ingresaron 3,628 y se concluyeron 3,586 negocios; la existencia de asuntos de índole familiar es de 2,441; cifra ésta, en la que se consigna una importante cantidad de juicios paralizados por la inactividad de las partes, y los que lamentablemente, por la naturaleza de la acción debatida, no opera la caducidad de la instancia, atento a que su impulso atañe exclusivamente a las partes.

La estadística mencionada en los párrafos anteriores indica, con toda claridad, que es también imprescindible considerar la implantación de mecanismos que refuercen la impartición de la justicia familiar, y que eviten, en el mediano plazo, cargas excesivas para la jurisdicción en esta área, tan sensible a las necesidades sociales.

De la Justicia Municipal

Por lo que corresponde a la justicia municipal, los resultados obtenidos en 2002 son los siguientes: al 31 de diciembre de 2001, los 114 juzgados municipales reportaban 6,825 asuntos civiles y penales.

Durante 2002, periodo que se informa, ingresaron 8,482 y fueron concluidos 6,672.

En tal virtud, al 31 de diciembre del año 2002, la existencia de asuntos es de 8,635 juicios y procesos.

Como puede observarse, también en el ámbito municipal ha habido aumento en el volumen global de los negocios y controversias que se someten a tales órganos jurisdiccionales.

Al margen de lo anterior, estimamos, continuará incrementando la ya de por sí pesada carga de los juzgados municipales, especialmente, de aquellos que se ubican en los distritos judiciales con mayor tráfico jurídico, como son los de Morelia, Uruapan y Zamora. Por lo que es urgente un replanteamiento no sólo de las necesidades, humanas y materiales, de la justicia municipal, sino también una adecuación en la esfera competencial de dichos órganos judiciales.

De la Secretaría General de Acuerdos

Este informe también da cuenta, de manera detallada, de las actividades encomendadas a la Secretaría General de este Alto Tribunal.

Es menester poner de relieve, la responsabilidad con la que se condujo tan importante y vital área del Supremo Tribunal de Justicia, pues dio cumplimiento a todas y cada una de las tareas que, acorde con su competencia, le fueron encomendadas. Es, pues, necesario reconocer el oportuno apoyo que la Secretaría General de Acuerdos brindó tanto al Honorable Pleno como a la Presidencia del Tribunal.

De la Oficialía Mayor

También con una dinámica laboral, y acorde con las exigencias y necesidades del Poder Judicial michoacano, la Oficialía Mayor cumplió, durante 2002, con sus responsabilidades legales.

Los anexos de este informe detallan todos y cada uno de los aspectos inherentes a la vida administrativa de la Judicatura michoacana y dan fe de la capacidad desplegada por los funcionarios y el personal asignados a la Oficialía Mayor.

Destaca, por su puesto, la gran eficiencia lograda en la administración de los limitados recursos, tanto humanos como materiales, de los que dispone este Poder Judicial, demostrando que el uso racional y prudente de la escasez no debe constituir obstáculo para el alcance de las metas fijadas por el Estado en aras de una adecuada y correcta administración de justicia.

Del Instituto de Especialización Judicial

En el ámbito de las actividades de capacitación y difusión judicial, así como de la realización de importantes eventos académicos, debe destacarse el conjunto de acciones desarrolladas por el personal que labora en el Instituto de Especialización Judicial.

En efecto, a lo largo de 2002, periodo que se informa, el Instituto contribuyó a fortalecer las áreas de formación y actualización judicial destinadas al aprovechamiento de quienes integran el Poder Judicial del Estado de Michoacán, a través de un intenso programa de cursos, conferencias, paneles y diversas actividades con una importante variedad temática.

Muestra de lo anterior, la Escuela Judicial de Otoño fue el marco adecuado para que Magistrados, Jueces de Primera Instancia y Municipales, Funcionarios Judiciales, así como Operadores Jurídicos en general, tuvieran acceso a los avances más recientes en las áreas del Derecho Penal y del Derecho Procesal.

Con una asistencia que superó las expectativas iniciales, pues registró el número de 110 participantes, este evento que alcanza ya su cuarta edición, se caracterizó por contar con las ponencias de juristas de brillante trayectoria, tanto nacionales como extranjeros.

Además, debe indicarse que en esta edición de la Escuela Judicial, celebrada del 26 de agosto al 20 de septiembre, se contó con la activa participación, como asistentes, de Funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Lo anterior, constituye un hecho inédito en la entidad, y sirve para demostrar que, frente a la problemática jurídico-social, las instituciones deben establecer canales de cooperación que abarquen, incluso, la capacitación y especialización conjunta.

De la Informática Judicial

Asimismo, podemos decir que en el rubro de la informática judicial, ya indispensable para la realización de las tareas de administración e impartición de justicia, las acciones y los productos son muy positivos.

El Sistema Morelos de Informática Judicial renovó por completo la página web de este Alto Tribunal, diseñando y poniendo en operatividad una interfaz más amigable para el usuario y añadiendo nuevas secciones, dentro de las que destacamos la versión digital de la revista Debate Procesal Civil.

En el área de sistemas se consolidaron aquellos ya implementados y se desarrollaron nuevos, tales como el de turno de segunda instancia, tanto en materia civil como en penal.

Por lo que respecta a los productos multimedia que se elaboraron por el personal del Sistema Morelos, hay que destacar el número 41-42 de la Revista Michoacana de Derecho Penal y el disco compacto que la compilación de criterios Summa Iuris, versión 2.0.

De las Relaciones con el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial

En este informe también debemos hacer mención a las relaciones con el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial.

Siempre enmarcadas en el más absoluto respeto, las relaciones que se tienen con el Sindicato han buscado satisfacer las demandas más sentidas de los trabajadores de la Judicatura. Ello, en virtud de que reconocemos la necesidad de incremento en las prestaciones laborales de quienes dedican lo mejor de sus vidas a la consolidación de la impartición de justicia en Michoacán.

En este contexto lamentamos el estallido de la huelga que paralizó las actividades judiciales los días 3 y 4 de este mes. Los integrantes de este Honorable Pleno, que en su gran mayoría fuimos sindicalizados, siempre estuvimos, y está en nuestro ánimo seguir en la mejor disposición para escuchar y resolver, en la medida de las posibilidades, las demandas planteadas por los trabajadores del Poder Judicial michoacano.

Las actuales condiciones económicas del Estado y del País, en general, no son las más adecuadas, y nos obligan a realizar más con menos. Los recursos son insuficientes, lo reconocemos, pero no podemos dejar de señalar que son los justiciables los que han depositado en la Judicatura esperanzas y expectativas de que se les imparta y administre la justicia, como lo ordena nuestra Carta Magna.
Ciertamente, y por la carencia de recursos económicos, no se pudieron satisfacer, totalmente, las peticiones del Sindicato, pero el acuerdo alcanzado permite que las percepciones de los trabajadores del Poder Judicial no se demeriten por la espiral inflacionaria.

En este sentido, agradecemos la sensibilidad de los trabajadores sindicalizados para convenir, ponderando que, en última instancia, es la ciudadanía, los justiciables, los más afectados por la interrupción en las labores del Poder Judicial, pues se hace nugatorio el derecho fundamental de acceso a la justicia.

Gracias a esa apertura y conciencia por parte del Sindicato, podemos afirmar que las relaciones con el personal sindicalizado han retomado su curso y son, nuevamente, fluidas.

El Poder Judicial michoacano es una gran familia y esa consideración nos permite enfatizar que sólo en unidad podremos seguir realizando nuestra delicada y trascendental función de impartir y administra justicia.

De las Relaciones con los Operadores Jurídicos

A lo largo de 2002, el Supremo Tribunal estuvo en constante diálogo y comunicación con la Comunidad Jurídica estatal.

No sólo atendiendo las observaciones, comentarios y sugerencias que los diversos cuerpos de profesionistas colegiados nos hicieron llegar, (y a quienes agradezco su presencia) sino también con la atención que se brindó a todo operador jurídico que acudió a la Presidencia, dado que en todo momento se tomó en consideración la opinión de quienes por actividad e interés profesional, inciden en la consolidación del Estado social y democrático de Derecho y hacen de la justicia el valor a concretar en sede social.

En tal virtud, debemos agradecer y reconocer el interés y la participación de los operadores jurídicos, así como de las asociaciones profesionales para lograr una mejor y más eficiente administración de justicia en Michoacán.

De las Relaciones Internacionales con Otros Tribunales y Organismos Públicos y Privados

Por virtud de la naturaleza de las actividades que realiza el Poder Judicial del Estado, se consideró necesario reforzar vínculos de colaboración con varias instituciones gubernamentales. A tales efectos, debo señalar los nexos establecidos con la Procuraduría General de Justicia del Estado, con la que se efectuaron varias reuniones de trabajo, obteniéndose resultados concretos para mejorar tanto la procuración como la propia impartición de justicia. Resultados que se traducen en una mejor cooperación entre los titulares de la jurisdicción y los funcionarios de la Procuraduría.

Asimismo, debemos resaltar la constante comunicación que hemos tenido con la Procuraduría de la Defensa del Menor y el propio Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, con relación al adecuado tratamiento de los asuntos que tanto a este Tribunal como a dichas instancias gubernamentales conciernen.

Con el Instituto Federal Electoral firmamos un importante convenio de colaboración que servirá para hacer efectiva la suspensión en los derechos relativos al voto de aquellos ciudadanos que se encuentran privados de su libertad.

Agradecemos a los titulares del FOSEG y del C-4 en el Estado, su importante y desinteresado apoyo para con este Poder.

En el Año Judicial que se informa se consolidaron las relaciones que el Poder Judicial michoacano sostiene con diversos Tribunales y organismos de naturaleza pública y privada.

El Supremo Tribunal de Justicia del Estado no sólo respondió a invitaciones formuladas por varios de sus homólogos nacionales, sino que también reforzó sus vínculos con órganos judiciales del extranjero.

Así, a invitación expresa de Tribunales alemanes y españoles, Magistrados michoacanos acudieron a efecto de intercambiar opiniones sobre la organización judicial y los mecanismos procedimentales vigentes en nuestros respectivos países, con el ánimo de buscar coincidencias y soluciones que permitan lograr una mejor atención a las necesidades de los justiciables, tan semejantes a las existentes en otros sistemas jurídicos.

También en el ámbito de las relaciones de este Alto Tribunal con organismos extranjeros interesados en la consolidación del Estado de Derecho a nivel internacional, resaltamos las actividades desarrolladas en conjunto con la Fundación Konrad Adenauer, de Alemania, mismas que han contribuido a un extraordinario intercambio de experiencias aplicadas al ámbito judicial.

Honorable Pleno:

Actualmente, la sociedad michoacana como toda la mexicana se encuentra preocupada por la problemática que representa el acceso a una mejor administración de justicia.

El perfeccionamiento en las instituciones encargadas de esta trascendente función ha sido el móvil de la acción humana, no sólo hoy, sino de todos los tiempos.

La impartición de justicia es la convergencia y pluralidad de muchas voluntades, en la que desde luego se encuentra inmersa toda la sociedad; por ello, es evidente que se está en presencia de una de las más nobles pero difíciles tareas que hombre alguno puede realizar, pues se trata de una actividad delicada e importante, y en ocasiones ingrata, que implica una responsabilidad que no cualquier ser humano puede tomar.

Para quienes tenemos la honrosa encomienda de impartir justicia, así como para aquellos que por voluntad democrática, el Pueblo de Michoacán les ha conferido responsabilidades sustanciales en el ámbito de sus inherentes competencias, precisamente en estos momentos históricos por los que transita nuestra querida entidad, debemos sustentarlos en el Estado social y democrático de Derecho, entendido éste, como la función de garantizar, entre otros valores, la justicia y el respeto al ser humano, a su dignidad, lo que a su vez conlleva a una estabilidad institucional, que sin lugar a dudas deberá contribuir a la transformación civilizada de nuestra sociedad, mediante la irrestricta aplicación de la ley a todos por igual, como único marco de fundamento y motivación de las reglas de convivencia social.

No debemos perder de vista, que ante la ley no debe haber ni fuertes que la avasallen, ni débiles a quienes no se les escucha y proteja; porque en el Derecho, las sociedades encuentran los conductos de una vida civilizada; fijan los términos para dirimir sus diferencias y los caminos para obtener su libertad, sin lastimar la libertad de los demás.

También en el Derecho, las sociedades incluyen sus valores más preciados, su sentido de la dignidad, las aspiraciones para sus hijos. Sin duda, el Derecho es una obra cultural irrenunciable en la historia de la humanidad.

Señoras y señores Magistrados:
Señoras y señores Jueces:
Señoras y señores funcionarios y trabajadores del Poder Judicial:

El reto trazado por este Alto Cuerpo Colegiado, ha sido mejorar el servicio de la impartición de justicia, para garantizar la seguridad de todos los justiciables y mantener inalterables los principios que la animan, mediante el respeto a la ley.

Ciertamente, la modernidad, la globalización y los dinámicos cambios que se están dando a nivel mundial inciden en la administración y la impartición de justicia.

Y es que estamos obligados a implementar procedimientos dirigidos a elevar la calidad de este servicio, siendo una prioridad la superación profesional de los juzgadores y sus auxiliares a través de una constante preparación, especialización y capacitación continuas.

En este esfuerzo ha prevalecido la lealtad hacía esta institución, el espíritu de servicio, cooperación y solidaridad de todos sus integrantes.

Señores juzgadores: Sé que para muchos de ustedes no ha habido noches de descanso, sábados y domingos, días de asueto, incluso, se han privado de la convivencia familiar en aras de cumplir con la función encomendada; por ende, mi reconocimiento a su mística de servicio.

Es para mí, Señores Magistrados, motivo de satisfacción y orgullo trabajar al lado de ustedes, por su manifiesta responsabilidad, capacidad y reconocida estatura jurídica y moral.

Es dable reiterar que constituye principio esencial en el cumplimiento de nuestra función, la confianza en el Poder Judicial, y ésta se obtiene, cuando hay certidumbre en la aplicación de la ley; por eso, la confianza es el logro más preciado al que aspiramos; porque sabemos que ésta se gana con decisiones justas y con honestidad en el trabajo.

Cuando se respeta la justicia, se respeta la institución que la imparte; eso hace evidente la necesidad de mantener vigentes los valores que la sustentan, pese a que las decisiones emitidas en los conflictos sometidos al conocimiento de los órganos jurisdiccionales no sean del agrado de quienes figuran como parte en ellos.

Hoy, el Poder Judicial es un ente apolítico en función de su naturaleza; es un cuerpo vivo y está fortalecido, porque es sólido en su estructura e independiente en su actuación; porque tiene y cuenta con el respaldo institucional para cumplir y hacer respetar sus decisiones, ya que en ello radica la esencia de su propia existencia; porque confluye y armoniza con una Judicatura vigorizada por la fuerza participativa de los michoacanos, que refrendan permanentemente la voluntad de vivir en un Estado de Derecho.

Fundamental ha sido en esta labor el apoyo de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, que en el marco de la concepción republicana que consagra nuestra Constitución Política, han sabido dimensionar el principio de la división, al coadyuvar para que la justicia cumpla a plenitud su misión social.

Reconocemos en ambos Poderes su solidaridad y convicción de compartir esfuerzos desde sus ámbitos de competencia.

En este sentido, me permito destacar nuestro profundo agradecimiento a quien ha sabido brindarnos su respaldo y estímulo en el cumplimiento de nuestra tarea, dejando testimonio claro del invariable respeto a la independencia y autonomía del Poder Judicial, reafirmando la decisión de hacer que el derecho y la observancia de la ley, rijan la vida institucional en Michoacán; por ello, hago público reconocimiento al Gobernador Constitucional del Estado, Antropólogo Lázaro Cárdenas Batel.

Hoy, podemos orgullosamente decir que ya no nos encontramos en el último lugar nacional, en lo que ve a la asignación presupuestaria para el cumplimiento de nuestras funciones, ya estamos en el medio superior, gracias al titular del Ejecutivo y a la comprensión de los respetables Diputados al Congreso del Estado. Nuestro perenne absoluto agradecimiento señores Legisladores.

Asimismo, reiteramos el compromiso de mantenernos dentro de los primeros cinco lugares del país, en lo concerniente a la excelencia profesional de Jueces y Magistrados, calidad en sus resoluciones, así como la emisión oportuna de éstas.
El Poder Judicial tiene una función inacabada; en consecuencia, es y seguirá siendo perfectible, pero su responsabilidad está bien definida: Hacer realidad la justicia; pues estamos concientes que aún existe una distancia entre el Derecho que tenemos y la justicia que deseamos.

En los inicios de un nuevo milenio, entendemos nuestro papel y lo asumimos con responsabilidad de cara a los michoacanos: Contar con un Poder Judicial moderno, dinámico y congruente para una sociedad en constante transformación, ya que ésta confía en un Poder fuerte, honesto, independiente y eficaz, en el que ha de privar la capacidad, la calidad y la suficiencia jurídica.
Muchas Gracias…

Morelia, Michoacán, a 10 de febrero de 2003.
Magistrado Mauro Hernández Pacheco
Presidente