01.04.08 La Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia en México (CONATRIB) y la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión  firmaron el Pacto de Nacional por la Justicia Penal, con lo cual se garantiza la distribución equitativa de recursos económicos para todos los órganos jurisdiccionales del país.

Así lo mencionó el M. en D. Fernando Arreola Vega, Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial en Michoacán en el marco de la Reunión Nacional Sobre Modalidades del Sistema Procesal Mexicano, realizada en la ciudad de Durango.

Explicó que gracias a dicho pacto se origina una estrecha coordinación entre el Gobierno Federal y de los Estados, con la finalidad de gozar de una correcta distribución de los recursos para todos los órganos jurisdiccionales.

Dijo que la distribución de los recursos que fueron etiquetados por la Cámara de Diputados en el presupuesto federal del presente año, servirá para hacer realidad la Reforma Penal Federal en toda su extensión y así ésta no solamente se limitará  a estar plasmada en el texto de la ley.

El Presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Michoacán aceptó que las modificaciones constitucionales en materia penal, planteadas por el Congreso de la Unión, traen consigo una serie de cambios en los modelos de justicia estatales.

Aseguró que la reunión celebrada en Durango ofrece como ventaja que todos sus homólogos se pondrán de acuerdo para la unificación de criterios encaminados a crear un solo mecanismo procesal. "Vamos a analizar todos los temas que se han fijado en este Congreso de Presidentes de Tribunales, que todo redunde para crear un solo modelo procesal, y una vez que lleguemos a las conclusiones esperamos contar con las bases suficientes para hacer la legislación correspondiente", concluyó.

Cabe citar que al respecto, el presidente de la Comisión de Justicia de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, César Camacho Quiroz, habló de la importancia de contar con el respaldo de los tribunales de justicia, a través de la CONATRIB, a fin de bajar lo antes posible una partida presupuestal por más de 300 millones de pesos a repartir entre los Estados, para que los Tribunales de Justicia de cada Entidad puedan crear los espacios físicos y hacer las inversiones iniciales necesarias tendientes a aplicar la multicitada reforma, mediante la cual se busca la oralidad de los juicios penales, entre otros ajustes.