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19.07.08 Con el objeto de rememorar el 183 Aniversario de la Promulgación de la Constitución del Estado de Michoacán, el Congreso del Estado realizó una Sesión Solemne, en la cual se estableció como desafío el recuperar la identificación, credibilidad y la aceptación social con las cuales contaban los primeros constituyentes michoacanos.
Dicho planteamiento fue realizado por el Diputado Local, Gonzalo Elvira Cabrera, quien dijo que no debe haber más promesas incumplidas al ciudadano, ni demagogia para el que necesita una respuesta inmediata, tampoco debe haber más pobres discursos desde el puesto gubernamental.
A la ceremonia acudieron, en representación del Gobernador, Mtro. Leonel Godoy Rangel, el Secretario General de Gobierno, Mtro. Fidel Calderón Torreblanca; el Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado, M. en D. Fernando Arreola Vega; y como anfitriona, la legisladora Lic. Gabriela Dessiré Molina Aguilar, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.
En su intervención señaló que luego de 180 años “las diferencias políticas continúan prevaleciendo por
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encima de los intereses ciudadanos y del bienestar nacional de todos los ámbitos de gobierno, hoy de nueva cuenta son las diferencias ideológicas las que nos separan del camino de la justicia, la verdad y el amor a México”.
Manifestó que la Constitución Política de Michoacán siguen vigentes los cuatro principios fundamentales que son: Libertad, Igualdad, Propiedad y Seguridad, con ello la Carta Magna de 1825 estableció los lineamientos sólidos para la construcción del derecho público que aún nos sostiene a las instituciones, como el propio Congreso.
Resaltó la importancia de que los tres poderes y la sociedad demanden el cumplimiento de los preceptos de la Carta Magna, porque ésta no solamente establece la observancia de la ley, sino que enfatiza que el Estado de Michoacán los respetaría como sagrados e inviolables. Las leyes, más que letra muerta, deben ser contenciones vivas que soporten las legítimas aspiraciones de una sociedad de un desempeño justo y eficaz de los poderes de gobierno. |