en Michoacán, sino de elaborar un producto legislativo que verdaderamente corresponda a la idiosincrasia, a las necesidades, a la cantidad de población y a la problemática que tenemos los michoacanos.
“Solamente de esa manera existe la posibilidad que haya una adecuada labor legislativa sobre este particular”, expresó, al tiempo de resaltar que mediante la instalación de esta mesa técnica se da cumplimiento a uno de los puntos de acuerdo que el Poder Judicial suscribió hace apenas una semana”.
El Magistrado Presidente agradeció la oportunidad a nombre del Poder Judicial y deseó el éxito en los trabajos en los que participan los tres Poderes en beneficio de todos los michoacanos.
En su turno, el Secretario de Gobierno de Michoacán, Mtro. Fidel Calderón Torreblanca, hizo un llamado a los participantes para que en las mesas técnicas relacionada con la reforma en seguridad y en justicia penal se realice un trabajo institucional, que pueda ser continuado por funcionarios públicos ajenos a los que hoy toman parte en ellos, en virtud de que la reforma citada será concretada paulatinamente en un plazo hasta de ocho años.
Como ustedes saben, dijo, el periodo de la reforma va a trascender incluso a las actuales autoridades, a quienes hoy ostentan un cargo en el servicio público, porque la Constitución Federal prevé que deberá darse de manera gradual en un periodo que podrá abarcar hasta ocho años; eso quiere decir que “debemos iniciar hoy un trabajo institucional, para que le demos los elementos y estabilidad suficiente, para que pueda continuarse aún después de que ya no estemos aquí donde estamos”.
Tendremos que generar, desde ahora, las condiciones para que este trabajo tenga continuidad y no se rompa ni se suspenda con el cambio de las personas en los cargos públicos, insistió.
Calderón Torreblanca indicó que “estaremos atentos a la reforma gradual que irá realizando el Poder Legislativo, y nosotros desde el Poder Ejecutivo, iremos haciendo lo que nos corresponde en las modificaciones de nuestro organigrama y en la capacitación de los servidores públicos que de alguna manera están vinculados al Sistema de Justicia Penal en el Estado”.
Se hará entonces, un intenso trabajo en capacitación dirigido a los jueces, a los ministerios públicos, a los policías, a los defensores de oficio, a los abogados, incluso a los abogados postulantes, porque se va a transformar de manera muy profunda el Sistema de Justicia Penal en todo el país, y por supuesto en el Estado de Michoacán no será la excepción, dijo al terminar.
Cabe decir que anteriormente la anfitriona del evento, la Diputada Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, apuntó el compromiso de integrar una mesa técnica conformada por los representantes de los Ejecutivo, Legislativo Judicial, instituciones académicas y profesionistas organizados con el fin de trabajar conjuntamente en la adecuación de las normas judiciales estatales, para que estén conforme al marco constitucional federal aprobado en marzo de este año.
“Este esfuerzo igualmente nos permitirá avanzar de un sistema penal inquisitorio a un acusatorio oral, que se traduce en tratar a los indiciados con mayor consideración como sujetos de derecho”, afirmó.
El coordinador de la mesa técnica, el Diputado José Antonio Salas Valencia, Presidente de la Comisión de Justicia, fue el encargado de realizar la declaratoria de inicio de los trabajos y quien remarcó que las labores tendrán que cumplir con la meta de "fortalecer el sistema de impartición de justicia en Michoacán para beneficio de la población".
Agregó que la mesa está integrada de manera plural con representantes de todos los partidos políticos, integrantes del sector académico y Barras y Colegio de Abogados, así como expertos en la materia, con lo que aseguraremos que el producto final responda cabalmente a la realidad que se vive en Michoacán en este rubro, que es de los más sentidos de la población, ya que según encuestas serias que se han realizado, la mayoría de la gente no confía en las policías en general, ya sean municipales, estatales o federales. Menos de cinco de cada cien delitos son perseguidos y castigados, por lo que un importante sector de la población tampoco confía en los agentes del Ministerio Público, al igual que en los jueces estatales y federales. Esta percepción ciudadana debemos ir cambiándola gradualmente". |
