07.07.09 La Secretaría de Gobernación, a través del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal y los Poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo de Michoacán, firmaron un Convenio de Colaboración para la Implementación del Sistema de Justicia Penal. El objetivo es que el citado consejo coadyuve con asesoría técnica jurídica y con los recursos presupuestales que la reforma constitucional federal impone para su instrumentación en el Estado.

Al hacer uso de la palabra, en presencia de consejeros y magistrados, el Dr. Fernando Arreola Vega, Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial de la Entidad, afirmó que Michoacán está preparado para ello y queda en la mejor de las disposiciones, a través del Poder Judicial, para conseguirlo.

El convenio mencionado fue firmado por el Secretario Técnico del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, Lic. Felipe Borrego Estrada; por el Dr. Fernando Arreola Vega, Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial; por el Diputado, C. P.  Juan Carlos Campos Ponce, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado; y por el Secretario de Gobierno de Michoacán, Mtro. Fidel Calderón Torreblanca, en representación del titular del Ejecutivo Estatal, Mtro. Leonel Godoy Rangel.

En este contexto, Arreola Vega recordó que el pasado mes de diciembre el Poder Judicial del Estado hizo eco de un documento elaborado en el seno de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (CONATRIB) y entregó a la LXXI Legislatura el proyecto del Código Modelo de Procedimientos Penales, que incorpora a su normatividad los principios fundamentales de la reforma constitucional, es decir, el juicio oral, el principio acusatorio  y adversarial y toda una serie de mecanismo novedosos que derivan de la reforma.

De igual manera, rememoró que en este 2009, también como una derivación del trabajo de la CONATRIB, se ha iniciado en Michoacán un curso de capacitación sobre los juicios orales. A este curso no solamente asisten los magistrados y jueces penales de Michoacán, sino que se invitó a otros actores del procedimiento penal: a los agentes del Ministerio

Publico, a los defensores de oficio, a asociaciones y colegios de abogados, a personal del Congreso del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública.

Con base en este curso de formación y de capacitación se avanza ya en las adecuaciones que las reformas imponen, reiteró.

Por su parte, el Diputado, C. P. Juan Carlos Campos Ponce, agregó que entre los aspectos importantes de la reforma constitucional, los cuales deberán reglamentarse bajo este sistema de justicia penal y ponerse en operación son también: la institución de un nuevo sistema procesal penal acusatorio y oral; el establecimiento de un sistema de medios alternativos de solución de controversias; la creación de un servicio profesional  de carrera para los defensores públicos; la instauración de un nuevo sistema de protección a los derechos de las víctimas y ofendidos; así como  la institución de un nuevos sistema de reinserción social.

Agregó que también es necesario definir los rubros temáticos que contiene la reforma, con el objetivo de homologar criterios en cuanto a los requerimientos para realizar los diseños legislativos e institucionales, de infraestructura y capacitación que se requieran, “a fin de que Michoacán avance de acuerdo con nuestras propias particularidades en la instauración del nuevo sistema de justicia penal y en las funciones de seguridad pública”.

En su oportunidad, el Secretario Técnico del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, Felipe Borrego Estrada, afirmó que la mayoría de la sociedad no conoce ni distingue de capacidades, territorios o competencias; sólo percibe, vive, siente y opina  en conjunto, en términos generales y globales a la justicia, y así se manifiesta en una encuesta responsable y profesional, donde percibe al Sistema de Justicia como corrupto en un 81%, 80% ineficiente, 72% dice que es parcial; 70% que es lenta y 75% opaca.

Lo anterior, dijo, es sin duda una causa y el principal motivo por lo cual se tomó la decisión de llegar a la Reforma Constitucional. Era insostenible continuar con esa situación y permanecer impasible. No reformar desde su estructura al sistema penal era negligente, frívolo e irresponsable de parte de las instituciones directamente involucradas.

A decir del Secretario de Gobierno de Michoacán, Mtro. Fidel Calderón Torreblanca, a nivel estatal y en el marco de las reformas constitucionales, se integrará un grupo interinstitucional que trabaje en su diseño, planeación e implementación. Asimismo, se elaborará un diagnostico sobre los problemas que justifican la reforma al sistema de justicia penal en la Entidad; el diseño de planes, programas y calendarios de instrumentación de modo que la reforma sea integral, de fondo, coherente, funcional y que responda a la realidad de la sociedad michoacana. Antes de concluir se comprometió, a nombre del gobernador del Estado, a desplegar las acciones necesarias para que la reforma en materia de seguridad y justicia penal en Michoacán se logre con el mejor de los éxitos.