“He discutido con algunos de ustedes si es el porcentaje del presupuesto aquella condición que debe garantizar esa autonomía y su independencia. Mantengo mis reservas si es el mejor mecanismo, pero debo de aceptar que cada vez los argumentos a favor de este mecanismo me parecen más potentes y más justificados”. Y agregó que no podrá haber un verdadero debate de la modernización de México sin tocar este punto.
“Yo me comprometo a garantizar que esto sea analizado ante el Congreso de la Unión como uno de los puntos centrales de la Reforma del Estado mexicano para el Siglo XXI. Con esta convicción de varón, de abogado, de político, de Secretario de Gobernación y de representante del Presidente, ante ustedes comparezco -con la humildad del varón, del abogado y con el compromiso del funcionario y del representante del Presidente- para asumir como destino común el que ustedes puedan contar con mejores herramientas y mejores garantías para presentar su función y sean condición de que México avance más rápido y mejor el futuro que merece en este Siglo”.
El Secretario de Gobernación se congratuló por asistir en nombre del Ejecutivo Federal, “un hombre que tiene la convicción y dirige un gobierno que tiene la convicción que no hay presente que valga, futuro que se pueda y pasado que se deba honrar si no se consolidan las instituciones del país; en donde la recuperación del Estado, del Gobierno, de los espacios sociales deben pasar por actos de compromiso y de valor de quienes nos ocupamos en tareas de gobierno o en tareas jurisdiccionales”.
Señaló que hoy México libra una batalla, sí; especialmente fuerte en estos tiempos, sí, por recuperar el valor de lo verdadero: “Que la justicia sea justa, que el Estado cumpla con su función de acoger a sociedad y a gobierno en los esfuerzos comunes, que la democracia sea un fenómeno de agregación ordenado de lo colectivo y nutrido de cada uno de los ciudadanos; que la ley sea eso, no sólo aspiración colectiva; criterio que norma la vida cotidiana de todos y de todas y convencidos que en el paso por la responsabilidad política, eso debe hacerse con valor, con serenidad, con absoluto compromiso”.
Gómez Mont agradeció la experiencia, el buen trato y el respeto con el que le trataron como abogado comprometido con el respeto a los tribunales, a los que consideró eran fuente fundamental de autoridad moral y legal en beneficio de la convivencia entre todos.
Recordó que en su carácter de peticionante, “muchas veces yo acudí -hace muchos años- a la Secretaría de Gobernación a exigir la enmienda de yerros que se cometían en favor de tal o cual opción política. Hoy ya no acude ante mí persona alguna con ese discurso, acuden ante los Tribunales Electorales y ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso, señores, es un avance democrático de la mayor envergadura en este país: Dejar a la política lo que toca a la política y dejar al Derecho lo que toca al Derecho”.
“No se puede explicar la consolidación democrática en México sin pasar por el respeto y el fortalecimiento de los tribunales, no se puede hablar de una verdadera consolidación democrática en México si no fortalecemos la autonomía y la independencia de los Tribunales Superiores de Justicia en las entidades del país”, remarcó.
También participó en el Congreso el Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, Dr. Alejandro González Gómez, cuya ponencia denominada ‘Capacitación y sistema acusatorio (Entre mitos y prejuicios: expectativas y temores) Aproximación empírica’, fue aprobada en la mesa correspondiente. En la exposición, el magistrado disertó en torno a los resultados de una encuesta aplicada principalmente entre los instruidos en el Programa Nacional de Capacitación diseñado por la CONATRIB, como parte de las estrategias para afrontar con éxito la reforma constitucional.
El objetivo de la encuesta fue conocer, a través de sus resultados, aspectos como: el grado de conocimiento de los aspectos esenciales de la reforma; las expectativas y necesidades institucionales para la implementación del nuevo sistema; el impacto personal-profesional de la reforma en los operadores jurídicos; la importancia y tipos de capacitación para el nuevo sistema; y las expectativas y preocupaciones en torno a la implementación del sistema acusatorio. Se destaca, entre otros aspectos, que el 37% de los encuestados señala como principal reto para la reforma, la capacitación; el 92.11% de los jueces y 75% de magistrados conocen en términos generales la reforma; 73.68% de jueces y 68.75% de magistrados consideran que la reforma tendrá impacto en sus funciones. |
