16.10.09 Retos sin precedentes afronta el Derecho Ambiental, estableció la Mtra. Diana Ponce Nava Treviño, Procuradora Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, al dictar una conferencia en el marco del 34 Aniversario de la Asociación Abogadas de Michoacán.

Con la existencia de nueve Procuradurías Ambientales en el país, que abarcan una cobertura del 22% del territorio nacional y al 44% de la población, el atraso en los marcos jurídicos mexicanos es de alrededor de 25 años, apuntó ante el presídium integrado por el Dr. Fernando Arreola Vega, Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial; el representante del Ejecutivo Estatal, Lic. Jesús Montajano Ramírez, Procurador General de Justicia del Estado; el Diputado Eduardo Sánchez Martínez, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado; la Lic. Elizabeth González Gómez, Coordinadora de Relaciones Públicas de la Universidad Michoacana, en representación de la Rectora de la Máxima Casa de Estudios de la Entidad; el Dr. Hill Arturo del Río Ramírez, Director de la  Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UMSNH; y la Lic. María Leticia Vázquez Álvarez, Directora del Centro de Mediación del Ayuntamiento de Morelia y representante personal del alcalde de la capital michoacana.

Luego del mensaje emitido por la Lic. Leticia Ramírez Martínez, Presidenta de la Asociación de Abogadas de Michoacán, la Mtra. Diana Ponce Nava Treviño estableció que  el atraso en la aplicación de las leyes protectoras del medio ambiente se debe en parte a que  el Derecho Ambiental está considerado como un derecho difuso de segunda generación, por lo que se complica establecer un nexo legal contra el responsable de daños ambientales, como la contaminación del aire, el agua o los bosques.

En este sentido, agregó, existe una discusión abierta  en torno a la factibilidad de realizar cambios en la carga de la prueba, que busca indemnizar y compensar el daño ambiental. Dejó en claro que se trata también de la concientización de la importancia que cada ciudadano le confiera a este tipo de asuntos, toda vez que encuestas realizadas al respecto reflejan que existe un mayor número de denuncias ambientales por parte de los hombres, que entre las féminas.

Antes de la entrega del reconocimiento a la Mtra. Diana Ponce Nava Treviño, la Lic. Iskra Ivonne Tapia Trejo, maestra de ceremonias, recordó que la Asociación de Abogadas de Michoacán nació gracias al entusiasmo de un grupo de abogadas de la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, quienes el 7 de octubre de 1975 organizaron a las ya numerosas profesionistas del derecho.

La finalidad de la asociación civil, dijo, fue unificar a las abogadas y con ello llevar a cabo actividades de carácter cultural y social, encaminando los esfuerzos a una meta común: ayuda mutua, la superación profesional, la igualdad de oportunidades para el desempeño de la profesión en sus diversas ramas y una convivencia social de las abogadas con sus colegas, también agrupados en colegios y barras de abogados.

Relató que la idea de agruparse tuvo una buena acogida debido a que fue la primera vez que se constituiría una asociación femenina de profesionistas a nivel estatal, por lo que recibió el apoyo de los licenciados: Guillermo Morales Osorio, Lic. Juan N. Cano Tovar, Jorge Mendoza Álvarez, entre otros.

El primer consejo directivo estuvo conformado por: Lic. Elia Maldonado Calderón, Presidenta; Lic. María Guadalupe Morales Ledesma, Secretaria; Lic. Hilda  Navarro Skinfield, Tesorera.  La Junta de Honor y Justicia tuvo como Presidenta a la Lic. Martha Lic. Imelda González Huerta; Lic. Galdina Ortiz Zamora, Primera Vocal; Lic. Cecilia Chávez Cervantes, Segunda Vocal.  Todas ellas realizaron los trámites para la protocolización ante el Lic. Juan N. Cano Tovar el 13 de septiembre de 1976.