24.08.10 Trabajar en la profesionalización, capacitación y sensibilización,  aplicar el marco jurídico existente y los lineamientos internacionales en la materia y, crear medidas practicas para evitar la burocratización institucional, fueron algunas de las conclusiones a las que se llegaron en la mesa de trabajo denominada “Actores y funciones para la implementación de las órdenes de protección”, desarrollada en el marco del Congreso Estatal para la Emisión y Aplicación de las Órdenes de Protección, organizado por la Secretaría de la Mujer Estatal.

Los trabajos de la mesa fueron moderados por el magistrado Sergio Alberto Cázares Solórzano, titular de la cuarta sala civil del Supremo Tribunal de

Justicia, quien reconoció que en este momento, para Michoacán, es de transcendental importancia implementar las medidas de protección, para evitar la violencia en contra de las mujeres en cualquier actividad en que se desempeñe e independientemente de su condición económica, religión,  preferencia sexual o política.

Los jueces Susana Garcés Noblecía y Javier Gil Oseguera, presentaron por escrito algunas consideraciones relacionadas con el capítulo de las órdenes de protección de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en Michoacán, en el cual se especifica de la obligatoriedad de girar esas ordenes de protección para evitar y erradicar la violencia contra ellas, pero no así la autoridad que deberá emitirlas.

Al evento asistieron jueces, litigantes, personal del Congreso Local y de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, quienes externaron sus inquietudes sobre la falta de complementación del marco legal a efecto de aplicar adecuadamente los mandatos de la ley en comento, en virtud de que en las condiciones actuales su aplicación podría derivar, por ejemplo, en la violación de las garantías del agresor, y en consecuencia, en la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.