18.02.10 El Poder Judicial de Michoacán es un Poder comprometido a plenitud con el interés superior de los justiciables a los que atiende y se debe, afirmó categórico el Dr. Fernando Arreola Vega, Magistrado Presidente Del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial de Michoacán al rendir su Informe de Labores 2009, al tiempo que lo describió como un ente dinámico, sólido, capaz, preocupado por su constante superación y por el mejoramiento del servicio que presta.

Pormenorizó que aún cuando el 2009 fue un año azaroso para Michoacán, México y el mundo en materia de salud, economía y bienestar a consecuencia de factores como la pandemia de la influenza humana, la crisis financiera internacional y la caída de los precios del petróleo en los mercadas mundiales; a los que se aunaron, en el orden nacional, la disminución de la producción petrolera, los recortes presupuestales y de las participaciones federales a todas las entidades federativas y el pernicioso fenómeno de la actividad delincuencial, pese a ello, el Poder Judicial del Estado de Michoacán, en todas sus áreas y niveles, trabajó con regularidad, dedicación y esfuerzo. 

Ante magistrados y consejeros, así como del Gobernador de Michoacán, Mtro. Leonel Godoy Rangel; de la Presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado, Diputada Maria Guadalupe Calderón Medina;  ex presidentes de este alto tribunal, de jueces, empresarios, y demás invitados especiales, el Dr. Arreola Vega puntualizó que  pese a las enormes e inéditas dificultades que presentó el lapso anual que abarca este informe, el Poder Judicial siguió trabajando con ritmo, con rumbo, con dedicación y profesionalismo en todos sus integrantes, lo que incluso le permitió crecer en tiempos tan difíciles, conservar su fuente de empleo a toda la planta laboral de ya 1915 personas en todo el Estado y seguir prestando a la sociedad michoacana el imprescindible servicio público jurisdiccional que ésta justamente demanda con todo derecho.

En este orden de ideas cito que, a través de las reformas legislativas pertinentes, se pudieron optimizar las funciones del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, sin distraer innecesariamente a los señores magistrados de las actividades diarias que les impone la atención de sus respectivas salas. Se adecuó convenientemente la normatividad orgánica del Poder Judicial para, entre otros temas, permitir, con autorización del Pleno, la resolución de asuntos citados para sentencia ante las ausencias temporales o definitivas de los propios magistrados, evitando con ello la tardanza innecesaria de los asuntos correspondientes.

También se redoblaron los esfuerzos por dirimir oportunamente las siempre crecientes controversias, en todos los ámbitos competenciales. Se crearon aquellos nuevos órganos jurisdiccionales y áreas administrativas que las necesidades del servicio reclamaron. Se hizo nombramiento de más personal cuando se requirió. Se construyeron, acondicionaron y, en su caso, adquirieron, los bienes inmuebles permitidos por la economía de la institución. Se mantuvo siempre disponible la existencia del mobiliario, equipamiento e insumos necesarios para el buen desempeño de las distintas tareas judiciales y administrativas. Se obtuvo y ejerció, gracias al invaluable apoyo y respeto de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado, el Presupuesto de Egresos que la judicatura formuló a la luz de sus requerimientos institucionales, abundó.

Hizo notar que se dio puntual cumplimento, por el Consejo del Poder Judicial, a las atribuciones que se le asignan sobre administración, vigilancia y disciplina del mismo Poder, afianzándose así este nuevo órgano de la institución. Se consolidó, mediante declaratoria de los tribunales federales de amparo, la Carrera Judicial como la vía constitucional y legalmente válida para obtener el ingreso, permanencia y promoción de los servidores públicos adscritos al campo jurisdiccional.

No sólo se mantuvieron, sino que se incrementaron importantemente, los programas de capacitación, actualización y especialización para el personal de todos los niveles, incluyendo el establecimiento y

puesta en marcha de la Maestría en Impartición y Administración de Justicia posterior a la Especialidad, con rango de estudios de postgrado.

Se acordó incorporar al Centro de Mediación y Conciliación del Poder Judicial, como dependencia formal de su estructura orgánica, dejando con ello de ser un proyecto piloto.

En lo que se refiere al trabajo y relación que se mantiene con otras instituciones, el titular del Poder Judicial de Michoacán afirmó que se multiplicaron y reforzaron los convenios de colaboración e interacción con instituciones académicas, jurisdiccionales y administrativas de variada naturaleza. En resumidas cuentas, dijo, permanentemente se buscó el beneficio y el fortalecimiento del Poder Judicial, en aras de atender mejor a todos los justiciables.

En relación al presupuesto ejercido en los últimos cuatro años explicó que se gestionaron ante  los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado un Presupuesto de Egresos acorde a las necesidades reales del Poder Judicial, debiendo destacarse al respecto que de un presupuesto autorizado al comienzo del año 2006 por el orden de los $315’455,818.00, el presupuesto aprobado para el año 2010 en curso asciende a $646’467,846.00, lo que significa que en el lapso de cuatro años experimentó un incremento superior al ciento por ciento. También en el rubro financiero, se consiguió incrementar sustancialmente los recursos que al Poder Judicial le asigna el Fondo de Seguridad Pública (FOSEG) para las específicas metas por el mismo contempladas, pues mientras al comenzar el año 2006 la percepción inmediata anterior que obtuvo fue de $13’228,000.00, para el año en curso habrá de ejercerse una partida de $29’697,612.34, es decir, también más del doble de aquella suma. 

Otro tema trascendental impulsado durante el periodo del que se habla fue el de la Reforma Constitucional Local en Materia de Justicia del 23 de noviembre del 2006, que dio origen a la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado vigente desde el 16 de febrero del 2007, pues sin ninguna duda vino a constituir un parteaguas en la historia del Poder Judicial michoacano, o sea un antes y un después, con la creación del Consejo del Poder Judicial, que asumió desde entonces la administración, vigilancia y disciplina de nuestra judicatura, reservando al Supremo Tribunal de Justicia y a los jueces de todas las materias y grados el ejercicio en exclusiva de la función jurisdiccional. La figura del Consejo vino a transparentar y modernizar el concepto de la administración de justicia, marcando –como lo he expresado en otras ocasiones- la culminación de un ciclo y el nacimiento de otro, más acorde a las necesidades y desafíos que el dinamismo y la evolución de la sociedad contemporánea exigen, explicó.

A lo largo de su exposición el Dr. Arreola Vega puntualizó todas y cada una de las acciones realizadas por diversas áreas que integran tanto al Supremo Tribunal de Justicia como al Consejo del Poder Judicial, con las cuales durante el 2009 fortalecieron y le dieron rumbo al trabajo institucional efectuado en ese periodo.