| nuevo papel al juez, realza la dignidad del Poder Judicial, derivado de la  creación de las figuras de juez de garantía y juez de ejecución, con lo cual se  propicia una mayor responsabilidad para el juzgador y un equilibrio de la  función predominante del ministerio público. En  su intervención como comentarista de la obra, el magistrado Alejandro González  Gómez, presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder  Judicial de Michoacán, mencionó que el autor confronta las características de  un sistema inquisitivo con el acusatorio, destacando las diferencias no sólo  teóricas, sino precisando algunos puntos en los que, en el sistema actual, el  ministerio público desarrolla funciones que más bien, competen a los jueces. En  otro apartado, dijo, se ponen al descubierto datos que evidencian la condición  actual del desarrollo en esta materia, pues las cárceles, tanto en México como  en el resto del mundo, están pobladas de los sectores más desprotegidos de la  sociedad.   Esta  reforma penal –expuso Miguel Carbonell- es una oportunidad para volver a creer  en nuestros jueces, en las autoridades, en los legisladores; es una oportunidad  para no creer que estamos condenados a la mediocridad, que estamos condenados a  la impunidad del 98.7 de los casos, y afirmar que podemos ser igual de buenos  como aquellos países que tienen un sistema de justicia transparente, confiable  y eficaz. Fungieron  –igualmente- como comentaristas de la obra del investigador de tiempo completo  en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y profesor de la  Facultad de Derecho de la misma Universidad; además de especialista en derecho  constitucional y derechos fundamentales, la maestra Alma Bahena Villalobos y el  diputado local Enrique Bautista Villegas. A  la presentación del libro se dieron cita alumnos, maestros, académicos y  directivos de la Universidad Latina de América. El  texto, editado en segunda ocasión por Porrúa, con doce capítulos y 203 páginas,  otorga al lector un análisis amplio sobre la citada reforma constitucional y  el  sistema penal acusatorio. |