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06.05.10 Evitar la morosidad, rescatar los principios de certeza, seguridad y celeridad jurídica; cumplir con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, y establecer la verdad histórica, son algunos de los fines que respaldan el establecimiento del sistema de justicia acusatorio adversarial, señaló Anabell Chumacero Corral, juez de garantía del estado de Chihuahua al participar como ponente durante el Primer Foro Regional Experiencias, lecciones aprendidas y buenas prácticas, en la introducción de oralidad en los Estados de la República Mexicana, que se lleva a cabo en coordinación con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la CONATRIB y el Poder Judicial de Michoacán.
Al desarrollarse el tema Retos y Perspectivas en el proceso de introducción de la oralidad en los estados de la República Mexicana, en el cual también se habló de la exposición de las diferentes fases del procedimiento en las distintas entidades federativas que han implementado el sistema acusatorio adversarial; las reformas posteriores: sus causas y resultados; y las dificultades y sus soluciones, la ponente añadió que también se busca garantizar la justicia en la aplicación del derecho; resolver los conflictos surgidos y contribuir a restaurar la armonía social.
Además, hizo referencia a las lecciones aprendidas, así como a las bondades que la actual forma de juzgar trae aparejadas y al impacto que ha generado en la población. En Chihuahua, agregó el sistema acusatorio se inició en enero de 2007, en el Distrito Judicial Morelos que abarca la ciudad de Chihuahua; se aplicó para todos los delitos y su vigencia en el resto del Estado fue gradual, de modo que, finalmente, para el día 1 de julio de 2008, el modelo ya era aplicado en todos los distritos judiciales.
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Al hablar de las ventajas y desventajas, dijo no compartir el punto de vista de quienes “estiman que el sistema tradicional de impartir justicia es ampliamente violatorio de los derechos humanos; sólo que, como la sociedad cambia y se moderniza, la impartición de justicia debe adecuarse a los nuevos tiempos”.
Por su parte, Miguel Ángel Arteaga Sandoval, magistrado del Supremo tribunal de Justicia del Estado de México, expuso que la reforma penal introduce figuras novedosas en la aplicación de la justicia, como los mecanismos alternativos de solución de conflictos que permiten la participación de manera importante de la sociedad y los inculpados.
Respecto de la implementación de la reforma judicial añadió que el modelo de justicia acusatorio adversarial en el Estado de México brinda la oportunidad de que se conjuguen en la practica el sistema tradicional, los juicios orales, la justicia para adolescentes y el sistema acusatorio.
La participante del Poder Judicial del estado de Nuevo León, María del Rosario Garza Alejandro, expuso la experiencia vivida por esta entidad; en principio, recordó que para la introducción del nuevo modelo de justicia, en esta entidad no se recurrió a la modificación del nuevo Código Penal, sino que paulatinamente se fueron haciendo las reformas necesarias para adaptarlo al nuevo marco jurídico.
La gradualidad en la aplicación de la reforma, dijo, ha sido un factor importante que inició con delitos no graves, lo que ha permitido, por ejemplo, vencer el pánico escénico al realizar un juicio a la vista de todos, con la posibilidad de cometer errores y a lo que “ahora todos estamos expuestos”.
Antes de concluir citó que a cinco años de haberse introducido diversas modificaciones en la impartición de justicia, hoy por hoy se puede afirmar que gracias a la capacitación hay avances importantes que impactan favorablemente a la sociedad.
Este Primer Foro Regional, al que asistieron asociaciones de abogados, litigantes, personal del Congreso del Estado, mediadores, representantes de escuelas de derecho, magistrados, jueces, ministerios públicos y medios de comunicación, estuvo presidido por el Dr. Alejandro González Gómez, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial de Michoacán y por la representante de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, María del Mar Perales Gallego.
Como invitados especiales estuvieron el doctor Edmundo Román Pinzón, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Guerrero y tercer vicepresidente de la CONATRIB, el licenciado David Garibay Tena, quien inauguró el evento en nombre del Gobierno del Estado, y el diputado Juan Carlos Campos Ponce, en representación de la mesa directiva del Congreso local. |
