10.02.03 Al rendir su informe anual de labores, el titular del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado (STJE), Mauro Hernández Pacheco, reiteró el compromiso del poder judicial michoacano para mantenerse dentro de los primeros cinco lugares del país, en relación a la excelencia profesional de jueces y magistrados, así al rendir su informe anual de labores, el titular del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado (STJE), Mauro Hernández Pacheco, reiteró el compromiso del poder judicial michoacano para mantenerse dentro de los primeros cinco lugares del país, en relación a la excelencia profesional de jueces y magistrados, así como seguir ofreciendo una mayor calidad y emisión oportuna en sus resolutivos.

Ante diputados locales e integrantes del gobierno estatal, así como invitados especiales, el magistrado presidente del STJE también reconoció que gracias a los pares del legislativo y del ejecutivo, quienes han sabido dimensionar la división de poderes, el STJE ya no se encuentra en último lugar en la asignación presupuestaria para el cumplimiento de sus funciones.

Posteriormente, una vez que pormenorizó cifras de las actividades realizadas por los diversos juzgados en materia civil, mercantil, penal y familiar, sostuvo la urgente necesidad de dotar al poder judicial más órganos de jurisdicción para enfrentar, a mediano plazo, el ingente número de negocios y asuntos que día a día ingresan en mayor proporción, y exigen ser resueltos conforme al marco jurídico vigente.

“Es menester subrayar la necesidad del poder judicial del estado se vea fortalecido con la creación de más juzgados, tanto especializados como mixtos, que auxilien a los ya existentes en nuestro esfuerzo por abatir la carga de asuntos que cada vez en mayor número ingresa”, argumentó.

Por otro lado, después de destacar acciones en varias áreas del STJE, en el punto de las relaciones con el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial, resaltó que siempre han sido enmarcadas en el más absoluto respeto, buscando satisfacer las demandas más sentidas de los trabajadores, y, en ese contexto, lamentó el estallido de huelga que paralizó las actividades judiciales los días 3 y 4 de este mes.

Sin embargo, apuntó el representante del STJE Hernández Pacheco, ciertamente, y por la carencia de recursos económicos, no pudieron satisfacer, totalmente, las peticiones del sindicato, pero el acuerdo alcanzado permite que las percepciones de los trabajadores del poder judicial no se demeriten por la espiral inflacionaria.

Antes había dicho que las actuales condiciones económicas del estado y del país, no son las más adecuadas, y que, por lo tanto, obligan a efectuar más con menos. “Los recursos son insuficientes (...), pero no podemos dejar de señalar que son los justiciables los que han depositado en la Judicatura esperanzas y expectativas de que se les imparta y administre justicia”.

LA AUDITORIA Al inicio de su informe, el titular del STJE planteó el tema de la auditoria practicada a los ejercicios presupuestales y a los fondos para la administración de la justicia, a través del despacho contable externo del especialista Jorge Soto Ayala, y la conformación de una comisión de magistrados para su respectivo seguimiento.Recordó que el 13 de junio de 2002, sesión ordinaria, fue aprobada la realización de la auditoria que comprendió los ejercicios presupuestarios de los periodos referentes a los años de 1996 a 2001 y los meses de enero y febrero del 2002.

“Igualmente se determinó que la auditoria abarcaría tanto a los fondos relativos al Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, como el fondo propio”.Luego de dar a conocer el manejo anual de ambos fondos, resumió que “las disposiciones del Fondo Propio, sin la autorización del pleno, fue de 30 millones123 mil 578 pesos, y por lo que se ve al Fondo en Administración Ajeno, ascendió a la suma de 80 millones 208 mil 201 pesos, todo lo cual asciende a un total de 110 millones 331 mil 779 pesos”.Pero, precisó, las disposiciones que dieron la anterior cantidad, constituyeron recursos aplicados al gasto presupuestal en sus diferentes anualidades, ante la insuficiencia de los respectivos presupuestos autorizados en su momento por el Congreso del Estado.